Donald Tusk carga contra Pedro Sánchez por su política migratoria: «No es el camino»

La política migratoria española ha abierto un nuevo frente de confrontación en Bruselas. El primer ministro polaco, Donald Tusk, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han protagonizado un duro intercambio verbal durante el último Consejo Europeo. El motivo: las diferencias entre ambos Gobiernos frente al control migratorio.

Según la emisora polaca RMF FM, el enfrentamiento se produjo a puerta cerrada. La periodista Katarzyna Szymańska-Borginon, corresponsal en Bruselas, sostiene que la discusión llegó a tal nivel de tensión que estuvo cerca de desembocar en expresiones ofensivas. Según la corresponsal, la información proviene de fuentes diplomáticas. El mismo medio asegura que, durante las negociaciones posteriores, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se vio obligado a llamar a Tusk para pedirle que regresara a la sala después de que el dirigente polaco se retirase para consultar con su delegación. Y sin la presencia del primer ministro polaco no podía avanzarse en las decisiones del Consejo.

Regularización española

El principal motivo de fricción es la regularización extraordinaria impulsada por el actual Gobierno español, que afecta a cientos de miles de extranjeros en situación irregular. Sánchez defiende que la medida permitirá sacar a esas personas de la economía sumergida, facilitar su integración y mejorar la capacidad de las administraciones para conocer y gestionar su situación. Mientras que Donald Tusk defiende que «ese no es el camino» y reprochó al Gobierno español que sus decisiones pudieran incentivar nuevas entradas irregulares y trasladar sus consecuencias a otros Estados miembros. El dirigente polaco defendió además una protección más estricta de las fronteras exteriores, una mayor eficacia de los retornos de extranjeros sin derecho a permanecer en la Unión y una política de asilo más restrictiva.

Tras la cumbre, Sánchez defendió la política migratoria de su Gobierno y sostuvo que España estaba obteniendo resultados en la lucha contra la inmigración irregular. Como respaldo, citó la reducción de las entradas por la ruta atlántica, los retornos, los rechazos en los aeropuertos y la aplicación de controles biométricos. También reivindicó la cooperación con los países de origen y tránsito y defendió el reconocimiento de derechos a los inmigrantes, al considerar que contribuye a vincularlos con el país de acogida.

Endurecer los controles

La discusión de Bruselas pone de manifiesto que la tendencia hacia políticas migratorias más estrictas gana terreno entre los gobiernos europeos, aunque no existe unanimidad sobre las medidas concretas ni sobre la regularización española.

Polonia, Italia y Dinamarca impulsaron cambios en el texto de conclusiones de la cumbre para incluir referencias a las políticas nacionales que puedan incentivar la inmigración irregular y reforzar la coordinación entre los Estados. La iniciativa contó con apoyos de otros dirigentes, pero España, Francia y Luxemburgo se opusieron a las formulaciones más contundentes. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y la danesa, Mette Frederiksen, se han situado entre las voces más críticas con la estrategia de España. Ambas reclaman mecanismos europeos que permitan responder con mayor rapidez a las llegadas masivas y afrontar situaciones en las que un tercer país pueda utilizar los movimientos migratorios como instrumento de presión política.

En la comparecencia posterior a la reunión, António Costa reconoció que la inmigración continúa siendo una cuestión políticamente controvertida, con visiones diferentes entre los Estados miembros. Pero que los líderes están abiertos a estudiar las propuestas de la Comisión Europea para mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia.

¿Qué cambiará ahora?

La cumbre no aprobó una suspensión general del derecho de asilo ni obligó a España a retirar su regularización. Sí respaldó el desarrollo de un nuevo marco europeo de respuesta ante emergencias migratorias, una iniciativa promovida por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El objetivo es dotar a los Estados de mayor flexibilidad para gestionar situaciones en las que las llegadas repentinas o masivas generen riesgos para el orden público y la seguridad interior. También se pretende reforzar la capacidad operativa de Frontex, mejorar la cooperación entre los gobiernos y responder a las distintas formas de instrumentalización de la inmigración. Por ahora, se trata de un trabajo normativo pendiente de desarrollo, no de un conjunto de nuevas medidas ya plenamente aprobado y en vigor. Cualquier modificación de los procedimientos de asilo deberá ajustarse al marco jurídico europeo y a las obligaciones internacionales de los Estados.