Europa e Iberoamérica: balsas, pateras, cayucos, trochas y selvas

Las imágenes de pateras y cayucos abarrotados de seres humanos que intentan alcanzar las costas españolas estremecen al mundo. Ante ellas, se habla de una crisis sin precedentes. Sin embargo, la memoria histórica obliga a ampliar la mirada.

Aunque cada ruta tiene sus propias circunstancias, el drama de quienes arriesgan la vida para ponerse a salvo no es nuevo ni exclusivo de Europa. Iberoamérica lo conoce desde hace décadas. Las guerras, las catástrofes naturales, la persecución política y la pobreza empujan a millones de personas a abandonar sus hogares. En países como Venezuela, el deterioro institucional, la represión y la privación de derechos fundamentales forman parte de las causas del éxodo. No estamos, por tanto, ante una cuestión exclusivamente migratoria: estamos también ante una crisis política y humanitaria muy compleja.

La geografía del desamparo cambia, pero el sufrimiento permite reconocer una experiencia común. La balsa cubana, el cayuco que parte de las costas africanas y la trocha por la que escapa una familia venezolana no son realidades idénticas. Sin embargo, expresan una misma urgencia: encontrar un lugar donde sea posible vivir sin miedo y construir un porvenir. Las diferencias entre sus historias no disminuyen la dignidad de quienes las protagonizan ni nuestra obligación de escucharlos.

En el caso venezolano, la magnitud del desarraigo es inocultable. La Plataforma R4V, coordinada conjuntamente por ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, contabiliza cerca de siete millones de personas venezolanas refugiadas y migrantes tan solo en América Latina y el Caribe, según su actualización de agosto de 2026. Sumados los que peregrinan por otros continentes suman más de 9 millones de seres. No es una cifra mundial ni un recuento exhaustivo, pero permite dimensionar la profundidad de la ruptura que ha sufrido nuestra sociedad.

Los peligros del terreno se suman los robos, la violencia sexual y los abusos de grupos criminales

Detrás de esa cifra están nuestros compatriotas. Miles de familias separadas, profesionales que debieron abandonar sus ocupaciones y niños cuya infancia transcurre lejos de su hogar. Muchos han salido por vías regulares; otros han recurrido a pasos fronterizos informales o han atravesado la selva del Darién, entre Colombia y Panamá. Allí, a los peligros del terreno se suman los robos, la violencia sexual y los abusos de grupos criminales. El camino hacia la seguridad puede convertirse en otra experiencia de desprotección.

La tragedia deja de ser una estadística cuando escuchamos a quienes la han vivido. Los informes sobre el Darién documentan agresiones y condiciones que ponen en peligro la vida y la integridad de las personas en tránsito. El joven venezolano Jorge Salas relato en la cadena CNN, todo el infierno que padeció. Miguel Abreu, tras caminar días enteros entre el fango del Darién testificaron el horror de ver morir a sus compañeros de grupo, viendo cómo sus cuerpos quedaban abandonados a la intemperie de la selva.

Pienso en la devastadora historia de Dimitri y Mikaela, una pareja de origen haitiano que vio cómo la furiosa corriente de un río crecido en el Darién les arrebataba de golpe a cuatro miembros de su propia familia, incapaces de salvarlos del lodazal y el agua. O las almas inocentes de niños venezolanos como la pequeña Lusied, de apenas tres años, arrastrada por un caudal fronterizo, o José Fabián, de diez años, atropellado mortalmente en una ruta de escape.

No hace falta exagerar esos hechos para comprender su gravedad. Cada familia expuesta a la violencia, cada niño obligado a recorrer una ruta peligrosa y cada persona que pierde el contacto con sus seres queridos nos recuerdan lo que está en juego: vidas humanas, no cifras abstractas.

Por eso, al contemplar el sufrimiento de quienes intentan llegar a Europa, no deberíamos establecer jerarquías de compasión. El dolor de una madre venezolana que teme perder a su hijo durante una travesía no es ajeno al de una madre africana que se hace a la mar para buscar protección. Las circunstancias pueden ser distintas; la dignidad que debemos reconocerles es la misma.

Esta comparación exige también una precaución fundamental: no confundir a quienes huyen de la violencia con quienes la ejercen. La migración y el terrorismo son fenómenos distintos. Vincularlos de manera indiscriminada terminaría estigmatizando precisamente a las personas cuyo derecho a la protección defendemos.

Hay, no obstante, otra experiencia venezolana que merece ser recordada cuando se discute la defensa de las democracias, me referiré al desafío que representó la insurgencia armada durante los años 60 y el respaldo que recibió del régimen de Fidel Castro. Uno de los episodios más claros de aquella intervención fue el desembarco de Machurucuto, en 1967, repelido por las fuerzas venezolanas durante la presidencia de Raúl Leoni. Aquel hecho mostró que la amenaza contra la democracia venezolana tenía también una dimensión exterior.

La violencia política tuvo, asimismo, expresiones de gran repercusión internacional. En agosto de 1963, integrantes de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional secuestraron en Caracas a Alfredo Di Stéfano. La acción buscaba publicidad para la organización mediante la privación de libertad de una figura mundial del deporte. La notoriedad de la víctima no modificaba la naturaleza del procedimiento: utilizar a una persona como instrumento de presión política.

La democracia venezolana resistió aquel desafío. La respuesta no se agotó en el terreno militar: también hubo un proceso de pacificación que permitió la reincorporación de antiguos insurgentes a la vida civil. La política impulsada durante el gobierno de Rafael Caldera tuvo antecedentes en la administración de Leoni. Esa experiencia merece ser considerada en su conjunto: defensa de las instituciones, debilitamiento de la insurgencia y apertura de caminos para abandonar las armas.

La violencia política debe combatirse con firmeza, pero sin renunciar a la ley ni a las garantías que distinguen al Estado democrático de sus adversarios

Recordarlo no obliga a idealizar el pasado ni a justificar cualquier actuación estatal. La legitimidad de una democracia depende también de los límites que impone al ejercicio de la fuerza. La violencia política debe combatirse con firmeza, pero sin renunciar a la ley ni a las garantías que distinguen al Estado democrático de sus adversarios.

Tampoco hace falta sostener que las organizaciones extremistas que han actuado en Europa descienden directamente de las guerrillas latinoamericanas para extraer una lección de nuestra historia. Una genealogía de esa naturaleza exigiría pruebas específicas. El argumento que sí cabe defender es otro: ningún proyecto político adquiere legitimidad para secuestrar, intimidar o atacar a personas en nombre de una causa, por grandilocuente que sea su discurso.

Mi convicción es que la defensa de los derechos humanos y la defensa de la democracia forman parte de una misma responsabilidad. Atender a quienes llegan a una frontera resulta indispensable; contribuir a que nadie sea obligado a abandonar su país también debería serlo. La asistencia humanitaria no puede sustituir la discusión sobre las condiciones políticas que empujan a tantos ciudadanos al exilio.

Los Estados pueden ordenar sus fronteras y combatir a las redes criminales sin desentenderse de quienes necesitan protección

Europa e Iberoamérica necesitan una conversación que reúna esas dos obligaciones. Los Estados pueden ordenar sus fronteras y combatir a las redes criminales sin desentenderse de quienes necesitan protección. Pero ninguna política será suficiente si se limita a administrar las consecuencias y elude las causas del desarraigo. Balsas, pateras, cayucos, trochas y selvas nombran rutas diferentes. No deberían convertirse en el destino inevitable de quienes han perdido la posibilidad de vivir con libertad y seguridad en su propia tierra.

El reto no consiste únicamente en impedir una nueva tragedia durante el viaje, sino en trabajar para que nadie tenga que emprenderlo por hambre, persecución o miedo. Defender la democracia también significa defender el derecho a quedarse, y proteger a quien se marcha significa no castigarlo por haber buscado un futuro.