Presos políticos en Venezuela: mercancía humana de la narco dictadura para negociar con EE.UU.

Hasta donde me alcanza la memoria, este debe ser aproximadamente el artículo número quince o dieciséis que dedico a los presos políticos en los últimos cuatro años. Cada vez que he decidido abordar el tema, lo he hecho con la esperanza de que sea la última vez. Pero ya ven, apreciados lectores, que una vez más me siento obligado a referirme a esta infame política de la narco dictadura venezolana.

Cuando el 19 de febrero pasado, se anunció la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, sin haber todavía analizado el texto en detalle, pensé que, finalmente, la lucha de los demócratas había obtenido una victoria y que los presos serían liberados de inmediato o en corto plazo. Nueve meses después, puedo afirmar responsablemente dos cosas: la primera, que la narcodictadura no tuvo nunca el propósito de poner fin a la existencia de presos políticos en Venezuela. Los hechos son categóricos al respecto.

La segunda, que tal como está diseñada la ley, su resultado neto no es sino la institucionalización de la más perversa de las realidades: los presos políticos venezolanos se han constituido en la más preciada mercancía del régimen.

La ley, en su recorrido, ha cumplido y cumple con dos propósitos. El más evidente es de orden propagandístico: ha proyectado, especialmente fuera del país, la falsa idea de que ya no hay presos políticos e, incluso, que la represión ha cesado. El segundo, menos comprensible a simple vista, es que el texto fue concebido justamente para que un grupo de ciudadanos puedan seguir siendo presos políticos siempre, para que no puedan quitarse de encima nunca la condición de rehenes del podrido sistema judicial al servicio del régimen.

Las cifras que aporta el Foro Penal son gravísimas: más de 11 mil personas continúan sometidas a medidas absolutamente ilegales y arbitrarias como arresto domiciliario –tal como queda demostrado en el caso ampliamente divulgado del abogado Perkins Rocha–, prohibición de salida del país, prohibición de hablar con los medios de comunicación o la obligación de presentarse ante el tribunal respectivo, periódicamente.

La enormidad de la cifra, más de 11 mil personas con expedientes, habla por sí misma de cuán extendida, persistente y malévola ha sido la política de aniquilación de las libertades. Esto significa que, incluso en los casos de personas que han sido excarceladas, la dictadura no les otorga la libertad plena –sobreseimiento de las causas–, a la que tienen derecho, para mantenerlos aplastados y humillados por el poder.

Pero este no es el único método usado por el régimen para mantener presos políticos. Otro, atroz e indignante, es calificar a presos políticos como delincuentes comunes, lo que viene a añadir un capítulo realmente asfixiante a las pesadillas en las que ahora viven centenares de ciudadanos inocentes, junto a sus familias, una vez que han ingresado en la categoría a la que pertenecen los peores criminales.

Los incluidos en la amnistía

Me ha sorprendido percatarme que muchas personas no saben que la Ley de Amnistía se fundamenta en criterios de exclusión: beneficia solo a personas a las que la dictadura asoció a 13 situaciones o coyunturas específicas como, por ejemplo, los hechos del 11 y 12 de abril de 2002; el paro general y el paro petrolero ocurridos entre los tres meses que van entre diciembre de 2002 y febrero de 2003; las manifestaciones alrededor del referéndum revocatorio del 2004; protestas de mayo de 2007, tras el cierre de RCTV; las jornadas de protestas, principalmente estudiantiles, que ocurrieron en Caracas y otras ciudades, entre julio y septiembre de 2009; las protestas de abril de 2013, tras las elecciones presidenciales y el anuncio de los resultados; los hechos ocurridos entre febrero y junio de 2014, inscritos en la política que fue conocida como «La Salida»; y así, en una relación de eventos en 2015, 2017, 2019, 2023, 2024 y 2025. Como dije, 13 en total.

Lo que los lectores deben considerar, para lograr una comprensión del carácter profundamente excluyente de la Amnistía, es que sumados todos los momentos que fueron listados e incluidos, estos suman solo entre 19 a 20 meses, de un proceso represivo y violador de los Derechos Humanos, que se ha alargado por más de 25 años. Esto significa que la ley –que no tiene un carácter universal y que está plagada de trampas y miserias– solo ofrece supuestos beneficios por un lapso equivalente al 6,7% del tiempo que se ha extendido la persecución del poder hacia la sociedad.

El recurso de los excluidos, de los presos que no pueden ser beneficiados, a los que atribuyen delitos muy graves –todos falsos–, como conspiración, terrorismo, rebelión armada y otros, es el fundamento que sustenta la política conocida como de «puertas giratorias», que consiste en liberar cada tanto a uno o a varios presos, al tiempo que se ingresan otros. De este modo, la narcodictadura dispone siempre de mercancía humana con la que «negociar» con Estados Unidos o con entes internacionales, a cambio de eliminar sanciones, liberar a verdaderos delincuentes presos en otros países, conseguir prebendas económicas y otros.

De eso trata la política de los presos políticos de la dictadura: secuestrar a ciudadanos indefensos e inocentes, convertirlos en rehenes, crear un depósito de personas en las más oprobiosas ergástulas, para disponer de mercancía para hacer trueques, que le asegure a los jefes del régimen, impunidad e inmunidad