Emisiones
Una vez que los fabricantes de automóviles ya habían asumido la mala noticia de que el 1 de enero de 2035 se prohibía la venta de cualquier automóvil con motor de combustión, excepto aquellos que pueden circular con combustibles sintéticos, tal y como exigió Alemania, el anuncio por parte de la Unión Europea de la entrada en funcionamiento de la Euro VII y sus condiciones de cumplimiento ha caído como un verdadero jarra de agua fría dentro del sector.
Hay que tener en cuenta que a menos de 12 años para la entrada en funcionamiento de la prohibición, Bruselas exige a los fabricantes un esfuerzo muy importante para reducir sus emisiones, lo cual les conduce hacia un callejón sin salida.
Hay que tener en cuentas que reducir una sola partícula de CO2 emitida a la atmósfera a los fabricantes de coches les cuesta millones de euros en investigación y desarrollo, dinero destinado a una tecnología como es la de los motores de combustión que actualmente se encuentra en vía muerta.
Además, a posteriori, esta tecnología debe implementarse en los automóviles nuevos, lo que supone un doble incremento de su precio, por un lado deben repercutir en el coche la parte proporcional de I+D y por otro las innovaciones tecnológicas para disminuir sus emisiones ya sean nuevos catalizadores o similares.
Tal y como cuantificó recientemente Luca De Meo, consejero delegado de Renault, se podría anticipar una subida de precio en torno a los 2.000 o 3.000 euros por coche. Una verdadera barbaridad sobre todo en los segmento más pequeños, donde los coches son más económicos y tienen menos margen de beneficios.
Es por ello que la gran mayoría de fabricantes, por no decir todos, piden a Europa que se replantee la entrada en funcionamiento de la Euro VII en sus términos actuales, pues serían numerosas las marcas que podrían plantearse soluciones radicales como abandonar Europa.
Hay que tener en cuenta que el ámbito de aplicación de las normas Euro es Europa, un continente cuyo volumen de ventas ha dejado de justificar hace tiempo grandes inversiones en desarrollo de producto destinado al mismo.
En paralelo, y de acuerdo con lo anunciado por Luca de Meo, los coches del segmento urbano y compacto no pueden asumir este incremento de precio de ninguna manera, pues sencillamente no se venderían. Esto ha provocado ya la desaparición de urbanos como el Ford Fiesta.
En este contexto y en caso de que la Euro VII siga adelante podríamos encontrarnos con fabricantes que deciden pasarse a la electrificación directamente y abandonar ya los motores de combustión, que vendrían a sumarse a los que podrían abandonar Europa directamente y a los que podrían optar por reducir producción y cerrar fábricas de coches pequeños y medianos.
Un gran problema para España que podría ver cerrarse alguna de su decena de fábricas de coches que produjeron 2.219.460 unidades en 2022, pues ensamblan mayoritariamente coches urbanos y compactos, precisamente los más afectados por la Euro VII.
Todo ello podría dar lugar a miles de pérdidas de empleos. En la actualidad el automóvil supone en España el 11 % del PIB y emplea a más de 600.000 personas.
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