Peaje en funcionamiento en Navarra
Pago por uso
El problema tras los peajes de carretera que el Gobierno de Pedro Sánchez no quiere admitir
El Gobierno firmó con Bruselas en 2021 el compromiso para su puesta en funcionamiento en 2023, fecha que ya ha retrasado una vez a 2024
Tal y como confirmó este periódico hace algunos días, los peajes de carretera serán realidad dentro de un año. Se trata de un compromiso adquirido por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021 y contenido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Aunque es cierto que el Gobierno ya logró retrasarlo hasta 2024 en 2022, ahora trabaja en el mismo sentido al incluirlo en la agenda al Plan de Recuperación presentada hace sólo unas semanas.
Retrasado en 2022
Tal y como se ha demostrado durante esta campaña electoral, el Ejecutivo es perfectamente consciente de que se trata de una medida muy impopular y con un elevado coste electoral.
El peaje de tipo dinámico incluye pórticos con cámara
Del cumplimiento de este compromiso dependen los más de 90.000 millones de euros de los planes Next Generation, que España dejaría de recibir si no pone en funcionamiento los peajes.
Déficit de mantenimiento
Tal y como obliga Bruselas, el dinero recaudado por los peajes debe destinarse íntegramente al mantenimiento de la red nacional de carreteras, que acumula un déficit superior a los 10.000 millones de euros.
Pero el verdadero problema de poner en funcionamiento estos peajes radica en que el Gobierno no ostenta la titularidad de gran parte de las autopistas y autovías que deberían pasar a ser de pago.
El nuevo sistema de peajes supone la desaparición de las tradicionales cabinas de pago
Esto supone que el Gobierno no tiene autoridad real para modificar su funcionamiento, ni mucho menos para activar el famoso mecanismo de pago por uso, tal y como prefiere llamarlo el Ejecutivo, que huye del término peaje.
De ahí que la pasada semana el responsable de la DGT, Pere Navarro, metiera la pata al confirmar la puesta en funcionamiento de los peajes de carretera en 2024 y pidiera que se sacara el tema de la agenda electoral, abogando por un gran pacto nacional para su desarrollo. Lógico al tratarse de una medida que necesita del acuerdo de todas las entidades involucradas.
La puesta en funcionamiento de los peajes requiere de la aceptación por parte de las comunidades autónomas, que son las propietarias reales de gran número de estas carreteras y autopistas. En algunos casos se trata de transferencias y cesiones de titularidad firmadas por el Gobierno y en otros de derechos históricos sobre las antiguas carreteras reconvertidas ahora en autopistas.
Problema de competencias
La situación es especialmente delicada en el País Vasco, Cataluña y Navarra. Estas tres comunidades ostentan la titularidad de la práctica totalidad de las autopistas y autovías que atraviesan su territorio.
En el caso de Navarra, la única autopista con titularidad nacional es la AP-68. El País Vasco tiene transferidas el 80 % de la red de carreteras, mientras que en Cataluña solo algunos tramos de las AP-2, AP-7, A-2, A-7, A-14, A-22, A-26, A-27 pertenecen al Gobierno central.
El problema va aún más allá, pues las tres comunidades han puesto ya en funcionamiento su propio sistema de peajes, o están en proceso de activación, con un funcionamiento muy similar al que estudia la administración central.
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