Las Zonas de Bajas Emisiones han llegado para quedarse entre nosotros
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Europa o España: ¿quién es el único responsable de las Zonas de Bajas Emisiones?
Los conductores son los verdaderos perjudicados por estas limitaciones a la circulación que nadie quiere asumir pero afectan ya a la libertad de movimientos de los ciudadanos de media Europa
Las Zonas de Bajas Emisiones entraron en funcionamiento hace ya casi dos años en algunas ciudades como Madrid o Barcelona, se trata de una normativa que básicamente se limita a prohibir la circulación de los coches más contaminantes o de los coches sin etiqueta, algo que no siempre coincide.
Para conocer cómo hemos llegado a esta situación conviene viajar atrás en el tiempo, en concreto hasta diciembre de 2019, cuando el pacto verde para el clima presentado por la presidencia de la Comisión Europea, proponía una estrategia de crecimiento económico que pasaba por hacer una transición ecológica que culminaría en la neutralidad climática de la UE en 2050.
Ley europea
Este pacto se plasma posteriormente en la ley europea contra el cambio climático de junio de 2021, que se limita a establecer unos objetivos de emisiones para los países miembros de la UE, que deberían desembocar en una reducción de emisiones del 50 % en 2030 y del 100 % en 2050.
Las etiquetas funcionan también en Francia, aunque con otros criterios
A cambio la UE saca la manguera financiera para regar con miles de millones de euros a los países que vayan cumpliendo con los objetivos marcados, todo ello dentro de los fondos Next Generation.
España recogió el guante europeo y comenzó a desarrollar su propio plan de reducción de emisiones focalizando en el automóvil gran parte de la responsabilidad de esta reducción de emisiones, cuando dependiendo de los estudios que se tomen, el automóvil sólo estaría detrás de un 17 % de las emisiones, un 40 % si añadimos además el transporte por carretera.
El automóvil no es el culpable
En paralelo y tras el estigma del dieselgate de VW del año 2016, Europa decide legislar en contra del coche de combustión, prohibiendo su venta a partir de 2035. Lo que abre las puertas a la electrificación del automóvil sin explorar otras vías.
España por su parte, puso en manos de la DGT el articulado de un marco legal en forma de etiquetas y sanciones que diera cobertura a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, que serían los responsables últimos de legislar el funcionamiento de las Zonas de Bajas Emisiones.
Las etiquetas medioambientales fueron obra de la DGT
Por parte del Estado se creo una legislación que obligaba a los ayuntamientos a desarrollar estas Zonas de Bajas Emisiones, aunque sin existir un mecanismo coercitivo para que lo hagan, más allá del acceso a las subvenciones que manda Europa. De hecho el problema de ciudades como Gijón, que han desmontado las Zonas de Bajas Emisiones, es que es muy probable que tengan que devolver importantes subvenciones recibidas al amparo de esta normativa.
Europa marca el camino
La realidad es que Europa simplemente marca unos objetivos de emisiones, que España ha traducido en prohibiciones a la circulación, sin explorar otros formatos compatibles con una transición ecológica progresiva.
El caso de Madrid es especialmente sangrante, pues la calidad del aire están en niveles nunca vistos, cumpliendo ya con el objetivo Europeo, pero no se plantea relajar las medidas previstas que en cuestión de días van a echar de todo el municipio a cualquier coche sin etiqueta.
Los coches con etiqueta C esperan a las limitaciones venideras
El Gobierno central, por su parte, se limitará a controlar la calidad del aire cada tres años, la primera vez será en 2027, y pedirá medidas más exigentes a las ciudades que no cumplan.
Por eso a día de hoy la gran responsabilidad de la puesta en funcionamiento de las Zonas de Bajas Emisiones y las prohibiciones a la circulación recae fundamentalmente sobre España y sobre los ayuntamientos, que podrían optar por una vía light y una reducción progresiva de las emisiones.
A día de hoy el resultado son 149 Zonas de Bajas Emisiones distintas, una por cada municipio de más de 50.000 habitantes obligado a ponerla en funcionamiento, y un caos considerable entre conductores y organismos en general.
