Los controles cada vez son menos eficaces
Seguridad vial
El fin de los controles de carretera: en cinco minutos ya no pasa un solo coche
La Guardia Civil de Tráfico es consciente de que sus controles cada vez son menos eficaces, una vez que su presencia es conocida no valen de nada
Los controles de carretera han sido tradicionalmente uno de los mejores sistemas para verificar el estado de los conductores en carretera. En estos puntos se examina desde la alcoholemia de los conductores hasta el consumo de drogas y en general cualquier tipo de infracción relacionada con la conducción y la documentación.
Lógicamente una de las claves de estos controles es que son completamente imprevisibles, es decir que pueden desplegarlos en cualquier momento y en cualquier lugar.
Cualquier hora del día y de la noche
Esto cambió a raíz de la pandemia de coronavirus, cuando los ciudadanos comenzaron a avisarse en grupos de
Whatsap de la presencia de controles en calles y en ciudades. La desaparición del Covid y de este tipo de controles provocó que los usuarios de estos grupos siguieran avisándose, aunque en este caso de otros tipos de controles.
En menos de cinco minutos se alerta de la presencia de un control
Así los miembros siguieron anunciando las presencia de controles de carretera, ya fueran de velocidad o de alcohol y drogas, lo que hizo que su eficacia bajara muchísimo.
Ni cinco minutos
La realidad es que tal y como explican la Guardia Civil en este vídeo pasan menos de cinco minutos entre que despliegan un control y los avisos en las redes sociales lo hacen público, lo que provoca que los conductores dejen de pasar por el mismo.
La Guardia Civil es consciente de la baja eficacia de los controles
Una situación que ha obligado a la Guardia Civil a poner en funcionamiento controles exprés y dinámicos, lo que quiere decir que se despliegan y en menos de 15 minutos se levantan y se van a otro lugar, la única manera de que puedan seguir teniendo eficacia.
Este tipo de grupos nacieron en Galicia y actualmente la Policía los persigue con la ley de seguridad ciudadana, lo que significa que los administradores de los mismos se enfrentan a multas de hasta 20.000 euros y a delitos penales, con lo cual podrían acabar incluso en prisión, lo que está provocando el cierre de muchos de ellos.