Los precios de los carburantes podrían volver a dispararse
Nueva tasa
Las estaciones de servicio, a la espera de una subida que podría llegar a los 50 céntimos por litro
Bruselas ha firmado la entrada en funcionamiento de un nuevo impuesto que grava el consumo de numerosos productos que se consideran grandes emisores de CO2
La Comisión Europea confirmaba ayer una nueva vuelta de tuerca a la reducción de emisiones, con nuevas fechas y nuevos porcentajes que hacen aun más exigente el proceso a la industria en general.
Bruselas lleva años trabajando sobre un nuevo tipo de impuesto a las emisiones de CO2 a la atmósfera, esto significa que no va a prohibir las emisiones a las empresas, sino algo mucho peor, las va a estrangular a impuestos para que las reduzcan 'voluntariamente' a los niveles que considera permisibles para reducir los gases que favorecen el efecto invernadero, en concreto un 44 % en 2030.
Adiós a los gases
Esta medida no solo va a afectar a los hogares y sus calefacciones, sino que también lo hará a los vehículos en general, aunque lo curioso es que el mecanismo de cobro del ETS2, así se llama la tasa, no va a castigar directamente al consumidor, sino que va a cobrarse sobre la empresa que facilita el servicio, que a su vez puede repercutirlo sobre el cliente final.
La clave está en reducir la acumulación de gases con efecto invernadero
En el caso de las estaciones de servicio esto supone que en ningún caso van a asumir este impuesto, sino que prevén subir los precios de los carburantes para que al final sea el cliente final quien lo pague.
El cliente siempre paga
Lógicamente esto encarecerá el precio de cada litro, de hecho como se trata de una reducción de emisiones progresiva, se calcula que el litro de ambos carburantes podría subir hasta 12 céntimos en 2027, cuando entre en funcionamiento el ETS2, llegando a los 60 céntimos en 2030, esto significa que en menos de cuatro años podríamos estar pagando cada litro de gasolina en torno a los dos euros.
El precio de los carburantes anticipa novedades
El Gobierno ya matizó que se trata de una medida para la que no hay excepción, afectando igualmente a profesionales del transporte y particulares. La idea es que a falta de una electrificación voluntaria los usuarios acepten una electrificación obligada.
