Las Zonas de Bajas Emisiones deberían afectar ya a 150 ciudades
Aclaración
Bruselas desmiente a Sánchez: las Zonas de Bajas Emisiones no son obligatorias, son iniciativa de su Gobierno
Hace ya años que el Gobierno se escuda en Bruselas para justificar la puesta en marcha de estas medidas que han limitado la circulación a millones de coches
Hace ya casi cinco años que en España estamos sufriendo los devastadores efectos de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), de hecho millones de coches han acabado en el desguace por culpa de las mismas y sus propietarios se han quedado sin vehículo, pues directamente no pueden permitirse un coche eléctrico o híbrido, la única forma de asegurarse la movilidad.
Afortunadamente los ayuntamientos de muchas ciudades españolas han sido consecuentes y han hecho oídos sordos a las peticiones del Gobierno de Sánchez para que desplieguen sus Zonas de Bajas Emisiones, pues no las consideran justas ni necesarias.
Los ayuntamientos ponen orden
Durante estos años el Gobierno se ha escudado en Bruselas para su despliegue, pero hace unos días la Comisión aclaraba que Bruselas lo único que reguló es la calidad del aire mediante una directiva que deja a los países miembros de la UE capacidad de decisión para poner en marcha el sistema que consideren oportuno para mejorar la calidad del aire y cumplir con niveles exigidos.
Las ZBE ya se han llevado por delante millones de coches
De hecho Bruselas no llevará a cabo el primer control sobre la calidad del aire hasta 2027, que será cuando pueda amonestar a los países y ciudades que no cumplan, aunque España a día de hoy cumple de sobra.
España cumple de sobra
Es cierto que Bruselas habla de diversas soluciones, como son las Zonas de Bajas Emisiones o los peajes urbanos, pero también es cierto que cita que en ningún caso la puesta en marcha de estos sistemas puede traducirse en un quebranto económico para la ciudadanía, tal y como está sucediendo en España.
En Francia las ZBE penden de un hilo, una sentencia exige quitarlas
Desde Bruselas explican que por un lado deben tenerse en cuenta las consecuencias económicas de su puesta en marcha y por otro no deben perjudicar a las clases más vulnerables, que son justo las dos cosas que están ocurriendo en España.
La situación es tan clara que en abril una sentencia de los tribunales franceses obligaba a desmontar las Zonas de Bajas Emisiones en todo el territorio galo por motivos económicos, aunque un recurso ha provocado que se retrase su aplicación, aunque terminarán por eliminarse tarde o temprano, un camino similar al que está siguiendo Italia.
