España envejece sobre ruedas: el 62 % de los vehículos supera los diez años y renovar es caro

El problema de renovar el coche en España empieza, para muchos conductores, por el bolsillo. El 60 % de los particulares identifica el precio como una de las principales barreras para comprar un vehículo nuevo, mientras que el 36 % señala su capacidad económica y el 27 % apunta a la falta de ayudas económicas o fiscales. Así lo recoge el Estudio sobre el impacto de la renovación del parque móvil en España, presentado el 21 de octubre.

El informe combina una encuesta a 1.503 particulares y 300 profesionales con nueve entrevistas en profundidad a expertos del ecosistema de movilidad. El trabajo de campo se realizó mediante entrevistas online entre el 6 y el 24 de julio de 2026. Sus resultados retratan las dificultades económicas para sustituir vehículos y las opiniones de los participantes sobre emisiones, seguridad e incentivos.

El punto de partida es un parque envejecido. Según los datos de la DGT recogidos en el documento, España cuenta con 31,7 millones de vehículos censados, excluyendo motocicletas, tractores industriales, remolques, semirremolques y otras categorías. El 62 % tiene más de diez años y el 29,3 % supera los veinte: alrededor de 9,2 millones de unidades.

Ayudas directas frente a deducciones fiscales

La demanda de incentivos ocupa un lugar central en las respuestas. Más de la mitad de particulares y profesionales prefiere ayudas directas para adquirir un vehículo nuevo, mientras que el 41 % de los particulares elige deducir en el IRPF un porcentaje del valor de compra. Entre los profesionales, el precio también encabeza las barreras, con un 45 %, seguido de la falta de apoyos económicos o fiscales, con un 40 %.

Las preferencias cambian según la renta. Las ayudas directas son la opción elegida por el 58,6 % de los particulares de renta baja, frente al 46,8 % de los de renta alta. Las deducciones fiscales dibujan la tendencia inversa: las señala el 30,2% del primer grupo y el 54,1 % del segundo. El diseño del incentivo, por tanto, no resulta indiferente para llegar a distintos perfiles económicos.

El estudio también recoge que un 44 % de los particulares con vehículos de más de quince años aprovecharía la compra de uno nuevo para achatarrar el antiguo. Es una intención declarada, no una previsión de retiradas efectivas, pero muestra el vínculo entre facilitar la adquisición y sacar de circulación unidades envejecidas.

Renovación abierta a distintas tecnologías

Más del 65% de los encuestados apoya contemplar todas las tecnologías disponibles para acelerar la renovación y reducir antes las emisiones. Además, el 44 % de los particulares respalda que el proceso no se centre exclusivamente en vehículos completamente eléctricos.

El documento concede protagonismo a los combustibles renovables: el 71 % considera que pueden complementar la electrificación mientras avanza la sustitución del parque. Esa valoración viene acompañada de una exigencia de trazabilidad: el 80% de los particulares y el 77% de los profesionales considera importante que estén certificados y pueda demostrarse su origen renovable. Estas cifras reflejan percepciones de los entrevistados, no una medición técnica de sus beneficios ambientales.

Mantenimiento y asistentes de seguridad

La seguridad añade otro motivo de preocupación. El 29 % de los particulares reconoce que no realiza todas las revisiones recomendadas por el fabricante, mientras que el 74 % de los profesionales cree que se circula con elementos críticos deficientes. El informe incorpora asimismo una tasa de absentismo en la ITV del 30 %, atribuida a AECA-ITV.

Los asistentes avanzados de conducción, conocidos como ADAS, reciben una valoración favorable. El 83 % de los particulares considera que la frenada automática de emergencia contribuye a mejorar la seguridad vial; el 82 % destaca el detector de fatiga y somnolencia, y el 78 %, el asistente de mantenimiento de carril. También aquí se trata de opiniones recogidas en la encuesta.

Cuatro propuestas

A partir de estos resultados, el documento plantea un plan nacional estable y plurianual basado en la neutralidad tecnológica, con incentivos ligados al achatarramiento de vehículos de más de diez años. La retirada obligatoria se propone como condición asociada a esos apoyos: no se anuncia una prohibición general de circular para todos los coches que superen esa antigüedad.

Las otras líneas de actuación son reforzar el mantenimiento y la ITV, combinar ayudas directas con ventajas fiscales y proponer una categoría regulatoria de «cero emisiones netas» para vehículos que utilicen exclusivamente determinados combustibles renovables. Esta última es una petición de cambio normativo, no una categoría ya aprobada ni una equiparación automática con el distintivo Cero de la DGT. El reto que plantea el estudio es convertir el interés por renovar en una opción económicamente accesible