Hizo de Torrevieja un referente turístico

Tal vez por carecer de la unción que otorga el sufragio universal no disfrutó Francisco Díez Martínez de la ceremonia de traspaso de poderes al ceder, en 1979, las llaves del Ayuntamiento de Torrevieja a la socialista Rosa Mazón, primera alcaldesa elegida democráticamente. Sí, es verdad, el empresario Díez Martínez fue nombrado, allá por 1972, primer edil por el gobernador civil de Alicante con arreglo a la normativa del régimen franquista.

Algunos inquisidores actuales probablemente cuestionen su legitimidad, incluso a título póstumo. Han pinchado en hueso: los homenajes, con motivo de su fallecimiento han sido prácticamente unánimes. Por la sencilla razón de que su balance municipal sentó las bases de lo que hoy es Torrevieja, un referente del turismo popular.

Díez Martínez entendió nada más tomar posesión que era necesario emprender masivas reformas, y a pasos agigantados, para situar a Torrevieja —entonces tenía 12.000 habitantes, hoy ronda los 100.000— en condiciones de competir con los municipios de su entorno. La primera gran reforma consistió en abastecer de agua potable a la totalidad de Torrevieja, al vincular las instalaciones con las de la Mancomunidad del Taibilla, antes de poner en marcha el sistema de aguas residuales.

El cumplimiento de este requisito posibilitó el posterior e inevitable desarrollo urbanístico que Díez Martínez estructuró aprobando la construcción de urbanizaciones como las de San Luis y El Chaparral —aunque se edificaron años después—, creando un instituto de formación profesional, la primera residencia para la tercera edad —erigida en terrenos cedidos por el Ayuntamiento— o iniciando importantes obras en la Avenida de la Libertad, hoy una de las principales arterias de Torrevieja. En el plano cultural, organizó el traslado del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonías a las Eras de la Sal —donde, como su nombre indica, operaban antes los salineros—, al borde del mar, hoy pieza clave de la vida cultural.

Díez Martínez también tuvo que enfrentarse a brotes de descontento ciudadano. Como recordaba en una entrevista al medio local Información, con motivo de las obras del alcantarillado, «se paralizaron porque los vecinos se negaron a pagar 1.500 pesetas por la acometida a sus viviendas. Después, con un nuevo gobierno municipal cuando se reiniciaron, tuvieron que abonar 16.000 pesetas, pero nadie protestó». Cosas de la gobernanza contemporánea.