Miedo al cañón mediático de Sánchez
Al final parece que los partidos de la oposición prefieren orillar la gran cuestión moral de fondo en nombre de la calculadora electoral
El pasado jueves, Juan García-Gallardo, el vicepresidente de Vox de Castilla y León, anuncia en rueda de prensa tras el consejo de gobierno nuevas «medidas de la Junta en defensa de la vida». Enuncia las siguientes: «Atención psico-social a las embarazadas, implantamos el protocolo de latido fetal, promovemos el acceso a la ecografía 4-D, velamos para que se respete el derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios». Ese día no se produce mayor polvareda, aunque en el PP ya se comenta sotto voce que Gallardo se ha precipitado y ha presentado algo todavía no cerrado.
Al día siguiente, viernes 13 de enero, el PSOE ya anuncia por boca de Marisu Montero que estudia acciones legales contra las medidas de Castilla y León. Por su parte, Yolanda Díaz se pone tremendista y advierte que la decisión de la Junta «amenaza la democracia». En paralelo, comienzan las primeras críticas entre el tertulianismo progresista y los telediarios del régimen abren ya con el tema.
Tercer día, sábado. El Orfeón Progresista está ofendidísimo y desatado. En los telediarios de TVE y en las televisiones al rojo vivo, las medidas de Castilla y León «contra los derechos de las mujeres» copan el arranque de los informativos y el grueso de las tertulias. Ya no hay otro tema en España. La tremenda escalada de la cesta de la compra, la salida a la calle de más de 150 violadores, o los problemas por la reforma del Código Penal al dictado de Junqueras, todo ha desaparecido.
Ese mismo sábado, el presidente de Castilla y León, Mañueco, participa en un acto del PP en Zaragoza, con Fejióo y todos los barones. Desde allí todavía se atreve a decir que «estas medidas van de fomento a la natalidad y la mujer que lo solicite si está embarazada lo podrá escuchar [el latido del feto]». A la misma hora, Sánchez truena en Sevilla contra los ultras PP y Vox y su supuesto ataque a las mujeres.
El domingo a las siete de la tarde, Presidencia del Gobierno emite un comunicado durísimo e insólito, amenazando al Gobierno de Castilla y León con los tribunales y exigiéndole que se abstenga de aplicar su nuevo protocolo (que en realidad no existe formalmente por escrito, ergo no se puede retirar nada, ni es denunciable). Mañueco responde en la noche del domingo por Twitter diciendo que la ministra de Sanidad sabe que «no se ha tomado ningún acuerdo que vulnere derecho alguno, por lo que es intolerable este ataque a un Gobierno autonómico, basado en mentiras».
Lunes. El Gobierno salta en tropel a los medios. No han dado las nueve de la mañana y en La 1 de TVE ya han entrevistado a Echenique y a la ministra de Sanidad. La ministra portavoz hace triplete (Onda Cero, Griso y Ana Rosa). Pilar Alegría, que trabaja mucho más para el PSOE que como ministra de Educación, multiplica sus bolos airados. El mensaje se machaca ad infinitum: la ultramontana alianza de PP y Vox, va a por las mujeres (denuncia que, en curiosa paradoja, plantean quienes han puesto en la calle a casi 200 delincuentes sexuales).
Continúa el lunes. Gallardo calla, no aclara nada. Mañueco recalca ahora que jamás existió acuerdo alguno, y mucho menos para luchar contra el aborto. Génova no quiere ver ni en pintura lo que considera una patata caliente que enturbia su campaña de cantos de sirena al centroizquierda. El recién estrenado portavoz, Borja Sémper, acusa a la iniciativas provida de Vox y a la polémica que ha suscitado de ser «un chollo para el Gobierno de Sánchez y Podemos».
Garriga, secretario general de Vox, no alude al tema en su comparecencia de lunes, hasta que la prensa le pregunta, y responde con un tono sosegado, como evitando polémicas. Los pesos pesados, Abascal y Espinosa, no salen por ahora a hablar del tema. Vox mantiene como postura oficial que ni un paso atrás. Sin embargo, sus dirigentes no se manifiestan con su contundencia y claridad características. Es como si no quisiesen ya más lío con lo de Castilla y León.
¿Qué ha pasado? La calculadora electoral se ha impuesto por todas partes a un debate serio y profundo sobre el asunto de fondo: ¿es moralmente aceptable o no eliminar al nasciturus? La derecha ha llegado a la tristísima convicción de que en este momento no le renta electoralmente dar la batalla ideológica contra el aborto, es decir, a favor de la vida, la más justa de las causas. Medrosa ante la abrumadora potencia de los medios que reman a favor del Gobierno, han decidido plegar velas en el asunto de Castilla y León, temerosos de que la polémica permita que Sánchez reflote, al servirle como cortina de humo.
En política, una cosa es vencer y otra convencer. En este caso, la derecha ha preferido la calculadora a los valores. Llámenme idealista, o inocentón, pero me pregunto: ¿de verdad es imposible en España conquistar público en los caladeros de derecha e izquierda enarbolando una bandera tan honorable como la de la protección de la vida de los más indefensos?
(PD: Estatutos del Partido Popular. Artículo 2, Ideología: «Creemos en la persona como eje de nuestra acción política social e institucional. Defendemos el derecho a la vida (…). Estamos inspirados en los valores de la libertad, la democracia, la tolerancia y el humanismo cristiano de tradición occidental». Les regalo el comentario, que me temo que ya he escrito demasiado…).
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