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24 de junio de 2024

El que cuenta las sílabasGabriel Albiac

Puigdemont, «deficiencia sistémica»

Si el país que pide la entrega posee un sistema de garantías judiciales acorde con lo que la UE fija para todos sus miembros, la entrega habrá de ser inmediata e incuestionable. Si no lo posee, la entrega será denegada

Actualizada 01:30

La sentencia dictada ayer por la Gran Sala del Tribunal de Justicia Europeo no decide sobre un caso concreto, el del indigno prófugo Puigdemont. Fija doctrina. Para cualquier caso y en cualquier nación de la UE en la que pudieran apreciarse incompatibilidades entre el sistema de garantías de la Unión Europea y las específicas legislaciones de cualquiera de los estados que la forman.

La inteligencia del planteamiento del juez Llarena queda apreciarse ahora: cifrada en reclamar, no el juicio inmediato, sino la fijación de los criterios jurídicos previos. Y eso da también la entidad de su envite. En el cual, tanto la UE como España se juegan la legitimidad de su sistema jurídico. Y en la cual Puigdemont queda como lo que es: un lamentable histrión que se ha venido beneficiando de las fisuras que aún persisten en los juegos judiciales europeos. La respuesta a esa «consulta prejudicial» del magistrado español son estos 37 folios de doctrina jurídica académicamente aplastante, dictados ayer.

En su versión más sintética, los quince juristas de la Gran Sala debían resolver la consulta de si puede un tribunal concreto de un país de la UE negarle a un tribunal de otro país de la misma UE la entrega del presunto delincuente que éste reclama. La respuesta es tan clara como matizada. Si el país que pide la entrega posee un sistema de garantías judiciales acorde con lo que la UE fija para todos sus miembros, la entrega habrá de ser inmediata e incuestionable. Si no lo posee, la entrega será denegada.

Quienes, sobre ese texto, busquen proclamar ambigüedad favorable al huido, yerran por completo. La condición de que una nación de la UE cumpla con los principios legales de la UE es una manifiesta redundancia. De no acatar esos principios, tal país debería ser sancionado y, en el caso de no plegarse a la sanción, excluido de la Unión Europea. En el caso de Puigdemont contra la justicia española –como en el de otro cualquier caso que se produjera entre un ciudadano europeo y la justicia de su país–, sólo caben dos opciones: o condenar al ciudadano (Puigdemont, en este caso) o condenar al país que lo reclama (en este caso, España). La belleza del documento fechado ayer se cifra en el rigor matemático con el que fundamenta una conclusión que no deja escape posible.

Aconsejo leer esas 37 páginas, que nos enseñan hasta qué punto la burla de Puigdemont ha ido mucho más lejos de lo que una sociedad que se respete a sí misma puede tolerar. Doy aquí sólo algunos de sus pasajes cruciales. No eximen del estudio completo de un texto que hará jurisprudencia.

Los términos del conflicto son inequívocos: «El órgano jurisdiccional remitente señala que los tribunales belgas no son competentes para interpretar el Derecho español… El Tribunal de Justicia sólo admite motivo de denegación, si se acredita la existencia de deficiencias sistémicas o generalizadas en el Estado miembro emisor».

Y, tras una exégesis minuciosa de los textos legales europeos, la conclusión del tribunal se impone. Pregunta: ¿pueden los jueces belgas negar la entrega del prófugo Puigdemont a la justicia española? Respuesta: «Una autoridad judicial de ejecución no dispone de la facultad de denegar la ejecución de una orden de detención europea». ¿Hay excepciones que pudieran justificar su negativa? Respuesta: que esa autoridad judicial –la belga, en este caso– «disponga de elementos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados que revelen la existencia de deficiencias sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial del Estado emisor»: en este caso, España.

Poco terreno de juego queda, sobre tal base doctrinal, para las medias tintas. Si España es un país de juridicidad plenamente democrática, Puigdemont ha de ser entregado a la justicia española. Si Puigdemont no es entregado por Bélgica, se abre una alternativa inquietante: o bien España no es un país democrático, o bien no lo es Bélgica. No hay manera de ocultar ese envite.

Y, bueno, a Puigdemont siempre la quedará Moscú. O La Habana. ¿Corea del Norte, tal vez?

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