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En las próximas horas veremos cómo la terrible pandemia de hace cinco años y la horrible gestión que tuvo desde el Gobierno se convierte, por arte de magia, en un asunto estrictamente regional de la Comunidad de Madrid y particularmente de Ayuso.

Solo con ella, y por culpa de ella, murieron ancianos en las residencias, en un número exacto de 7.291 que se repite hasta la saciedad con escaso respeto por la realidad: carga en la «asesina» madrileña la mortalidad total en los centros geriátricos, vendiendo la inhumana idea de que, de no ser por su negligencia, ninguno de ellos hubiera muerto.

Y olvida premeditadamente la evidencia contable de que, al menos en otras seis regiones, la letalidad en sus residencias de mayores fue superior en proporción a su población interna. Por ejemplo en Cataluña o Castilla-La Mancha, sin que a nadie se le haya ocurrido señalar a Pere Aragonés o García Page con el mismo dedo inquisitorial reservado en exclusiva para Ayuso.

Lo que sí es cierto es que en Madrid se disparó la mortalidad hasta un 70% en los días posteriores a las manifestaciones del 8M, cuya celebración obligó a permitir también otras actividades con masas, lo que evidencia una relación directa de esa temeridad ideológica con la extensión del virus.

Y lo que es cierto también es que el Gobierno miró para otro lado desde al menos finales de enero, que devaluó la relevancia de la amenaza vírica, que procedió luego a declarar un confinamiento inconstitucional para tapar las huellas de sus negligencias, que mintió de manera pública y reiterada sobre la existencia de un Comité de Expertos o la adquisición de material sanitario y preventivo, que falseó las cifras de muertos para simular una mortalidad similar a la de otros países cuando fue infinitamente mayor en la primera ola y que, por no extendernos, incumplió su compromiso de auditar la gestión en su conjunto.

Si a esto le añadimos el repugnante aprovechamiento de tan luctuoso momento por parte de una banda mafiosa de amigos del PSOE para venderle al PSOE cargamentos de mascarillas, a cualquier con un ápice de humanidad le parecerá razonable que, si hay que examinar la gestión de Ayuso, solo puede ser a continuación de hacerlo con Sánchez, cuyas competencias en la materia son absolutas e indelegables cuando sobreviene una pandemia internacional, una catástrofe climática como la de Valencia o, por entendernos, una invasión marroquí de Ceuta y Melilla.

Con Sánchez ya hemos aprendido que él siempre socializa los problemas, hasta ponerse el último en una fila que en realidad encabeza; privatiza las soluciones aunque sean tan ajenas como las vacunas y, finalmente, explota los devastadores efectos contra sus rivales, escondiendo de paso su catarata de errores, excesos, silencio y temeridades.

Ayuso no asesinó a nadie, y no solo porque lo hayan recalcado ya más de veinte sentencias. Y Sánchez tampoco. Pero la diferencia entre la primera y el segundo es que una hizo lo que pudo en un paisaje desconocido y desolador y el otro ni siquiera ejerció las funciones que tenía, ayudó a aumentar los peligros y después se dedicó a buscar falsos culpables, en lugar de a salvar a miles de inocentes.

Lo dice todo de este país, y de sus fabricantes de estados de opinión, que todo el mundo tenga clara la cifra de Ayuso y la responsabilice personalmente y que pocos recuerden que Sánchez, el «mando único», no ha sido capaz aún ni de decir cuántos españoles murieron. Ni que se sintiera responsable.