Lo que va de la fiscal Lastra al fiscal Ortiz

Almudena Lastra de Inés es una fiscal como Dios manda. Como lo son todos los que se niegan a ser mercenarios de una ideología. Cada uno tiene la suya. Evidentemente. Y no los hay perfectos. Pero sí abundan los que solo ejercen sus derechos políticos cuando meten la papeleta en la urna y otros –los menos– que los anteponen al juramento de servir al interés público, juramento que termina sirviéndoles para envolver la pulga de jamón de media mañana en el despacho. Estos últimos son aquellos que deciden pagar su designación discrecional desnudando en la transacción la propia decencia profesional: Álvaro García Ortiz sabe de lo que hablo. Como antes su compañero, Cándido Conde-Pumpido, cuya toga es ya una bayeta de la cocina. Pero en la causa que se sigue contra el actual titular del Ministerio Público en el Supremo, en la que hay periodistas diciendo medias verdades, jefes de Gabinete confesando que hacían labores ajenas a su desempeño y compañeros del procesado tragando ruedas de molino –todo sea por el jefe–, la fiscal superior de Madrid ha decidido decir la verdad. Una revolucionaria en estos tiempos.

Quizá sirva de poco, pero su proceder en la causa más vergonzosa de nuestra democracia no ha debido ser fácil. Lo sencillo hubiera sido seguir la estela de su jefe que sigue sin dimitir: ocultar el cardiaco deseo de Ortiz de recibir el expediente de González Amador para filtrarlo y luego decirle al juez Hurtado que no recordaba nada. Ni llamadas, ni presiones, ni ilícitos. Pero no: acaba de sostener en el Supremo, con su desahogado jefe a pocos metros, que aquella mañana del 14 de marzo de 2024, horas después de que se publicara el correo de la confesión de la pareja de Ayuso, en la que no dio ni los buenos días a Álvaro, espetó a este: ¡Has filtrado los correos! Es decir, Lastra sospechó desde el primer momento de los tejemanejes monclovitas del titular del Ministerio Público. Lo mismo que Juan Lobato, cuando le instaban desde el Gabinete de Óscar López para que los difundiera en un pleno de la Asamblea de Madrid. Sabía Lastra que aquello de «ganar el relato» que le pidió su superior consistía en publicar ilegalmente unos datos fiscales de González Amador para tapar el escándalo Begoña y poner el foco en Ayuso. El testimonio de Lastra fue demoledor y apuntó directamente a la autoría de Ortiz en la presunta revelación de secretos.

Su propio jefe de prensa también ha sido rotundo: mantiene que se mostró en contra de publicar la nota de prensa con las conversaciones de la Fiscalía con el letrado del novio de la baronesa popular porque temió que tuviera consecuencias penales, tal y como ha sucedido. Llegó a amenazar con presentar su dimisión si se le obligaba a remitir una primera nota que redactó una colaboradora de García Ortiz por la literalidad de los datos protegibles. Es decir, aunque Ortiz haya pintado un cuadro tenebroso del Ministerio Público, hay funcionarios decentes y rigurosos que, a diferencia del fiscal general, saben que su misión es defender la legalidad y perseguir el delito.

No crean que Almudena pertenece a ningún contubernio conservador contra el fiscal del Gobierno (Sánchez dixit). Todo lo contrario: es una fiscal que lleva en la carrera desde 1991, que se hace llamar «progresista», ex miembro de la UPF y, por tanto, compañera de García Ortiz. Pero es que todavía hay personas a las que les funciona la brújula moral, lo que es una anomalía en el régimen sanchista. Su ejemplar actitud nos reconcilia con una profesión, la de fiscal, a la que Pedro Sánchez comenzó a hundir el día que nombró a su ministra de Justicia, Dolores Delgado, responsable del Ministerio Público.

Cuando Álvaro García Ortiz sea ya un pésimo recuerdo, Almudena Lastra –contra la que Sánchez ha puesto a disparar a toda su opinión sincronizada– seguirá sirviendo a la acusación pública. Lo doloroso es que, para entonces, la Fiscalía estará en coma.