No son los Presupuestos, son los jueces

Cuando el objetivo es sobrevivir poco importan los Presupuestos, las derrotas parlamentarias o la pérdida de la mayoría por la defección de Junts. Lo único que preocupa al gobierno son los jueces. Sabe que ellos son los únicos pueden hacerle perder el poder. El presidente y los suyos han demostrado que al resto de los obstáculos los torean y los esquivan con procedimientos que en ocasiones rozan la legalidad, y lo hacen con la seguridad que les da la cobertura del Tribunal Constitucional más cercano al poder en 47 años. Pero también ha quedado demostrado que a los jueces no los torean.

Si para evitar el debate, hay que recurrir de forma sistemática a la proposición de ley o al decreto ley, se recurre, aunque no se den las razones de urgencia que contempla la ley. Lo importante es evitar el viacrucis de los proyectos de ley en el Congreso y en el Senado. Prefieren jugárselo todo a una carta, tras hacer alguna cesión a los separatistas, aunque en dos años llevan más de cien votaciones pérdidas. Pero no les importa. Ellos siguen.

Si no cuentan con los apoyos suficientes para aprobar los Presupuestos, ni siquiera los presentan, aunque incumplan de forma sistemática el artículo 134 de la Constitución. En cualquier democracia europea, la incapacidad de un presidente del gobierno para conseguir que el Parlamento le apruebe los Presupuestos es causa más que suficiente para que dimita. Son las normas no escritas de un régimen parlamentario. Y ahí está el ejemplo de Francia con cinco presidentes en dos años, pero en el país vecino se aspira a gobernar y no a sobrevivir.

También en España era así hasta que llegó Sanchez. De hecho, Felipe González dimitió en 1996 y convocó elecciones cuando comprobó que Jordi Pujol le había retirado su apoyo para aprobar los Presupuestos y seguir gobernando. Pero nada de eso le importa a quien solo tiene por objetivo seguir en el poder, y sabe que no hay mayoría parlamentaria ni partido de la oposición que esté dispuesto a apoyar una moción de censura.

Hay dos ejemplos que lo confirman. Junts dice haber retirado al gobierno su apoyo parlamentario, pero es más un alarde verbal que una realidad porque ha dejado claro que nunca apoyarán una moción de censura. Y en la comparecencia del presidente del gobierno la semana pasada en el Senado, el PNV ni siquiera le preguntó. Es difícil perfilar una mejor faena de aliño que hacer mutis por el foro cuando se le estaba preguntando nada menos que por un presunto delito de corrupción de su partido y de su entorno familiar. Y eso le da seguridad a Pedro Sánchez.

El camino hasta las elecciones de 2027 parece estar libre de obstáculos parlamentarios que le obliguen a adelantarlas, pero la sorpresa podría venir de los jueces. El presidente y los suyos saben mejor que nadie que el poder judicial es la única amenaza que pende sobre su cabeza y pone en serio peligro su supervivencia política. Sencillamente porque, aunque lo han intentado, no han conseguido controlarlo. Por eso, van a por los jueces.

Empezaron por desplegar una estrategia de desprestigio para desacreditar las resoluciones y sentencias contrarias a sus intereses. Siguieron con la acusación de lawfare –la judicialización de la política–, el paso siguiente fue acusar al poder judicial de hacerle el juego a la derecha y continuaron con el señalamiento a jueces concretos.

Pero su objetivo final es someter el Poder Judicial al Ejecutivo y, para conseguirlo, quieren cambiar las leyes. Lo intentaron con la 'ley Begoña' con la que pretendían eliminar la acción popular para que decaigan los procesos judiciales contra la esposa y el hermano del presidente. Pero no superó la aprobación del Congreso. Aspiran a reformar la Carrera Judicial y Fiscal para colar a mil jueces afines al margen de las duras oposiciones para el ingreso. Tampoco les ha salido.

La última intentona la anunciaron en el Consejo de Ministros de la semana pasada con la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, donde pretenden integrar sus propuestas fallidas. Se informó entonces que los jueces serán apartados de la instrucción de los sumarios y les sustituirán los fiscales, que también tendrán bajo su autoridad a la UCO y a la Policía Judicial. Pero la prueba de que el gobierno busca controlar la instrucción de los sumarios es que al fiscal general lo seguirá nombrando el gobierno, y será él quien decidida los ascensos en la carrera.

El broche de oro de este proyecto es que retira la capacidad de ejercer la acción popular a los partidos, a las asociaciones vinculadas a ellos y a los sindicatos, que son los que han iniciado las acciones legales contra los familiares de Pedro Sánchez. Aunque este proyecto puede ser el sueño de una noche de verano porque sin apoyo de Junts no será aprobada en el Congreso. Y de serlo, no entraría en vigor hasta enero de 2028.

Está claro. Al presidente le va la supervivencia en su enfrentamiento con el poder judicial; no con el Parlamento o la oposición. Sabe que sin Presupuestos se puede sobrevivir, con derrotas parlamentarias también, pero con sentencias condenatorias por corrupción a su partido y a sus familiares dictadas por los jueces, no. Poco importa que dentro de dos o tres años el Tribunal Constitucional afín las revoque, porque el daño político estará hecho.

Y por eso va a por ellos.

Emilio Contreras es periodista