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TribunaIgnacio García de Leániz

K. y su escalofriante experiencia en una tienda deportiva

Celebrado el juicio rápido, queda K. absuelto y comprueba con el molinero prusiano, que no solo en Berlín, sino que en Madrid hay jueces. Frente a lo escalofriante y arbitrario, la civilización de la justicia es lo que sostiene frágilmente el entramado civilizatorio

Hace algunas semanas, el ciudadano K. (con la 'k' de Kafka en El proceso) compra unos artículos en una muy conocida multinacional de cadena de tiendas deportivas en el oeste de Madrid, de la que era cliente habitual. K. padece una patología crónica que le produce una deficiencia visual. Al acercarse con su carrito a una de las cajas de 'autocompra', solicita, debido a su problema de visión, la ayuda de una de las asistentes para la tarea de escaneado y facturación. Muy amablemente, una joven empleada le saca los diez artículos de su carro y los deposita en la cajonera electrónica correspondiente para su escaneo automático. Después, en un plus de buen servicio, la ayudante mete todos los artículos en una bolsa que le entrega a continuación. Agradeciéndole su ayuda, K. se limita a pagar con su tarjeta el importe final que aparece en la pantalla: 50,70 €.

Cuando K. sale de la tienda, suena el pitido de una alarma. Acto seguido, un vigilante de seguridad le aborda, abre la bolsa y saca uno de los artículos que, según parece, no ha sido escaneado por la tecnología utilizada en las cajas de autoservicio. Se trata de una pequeña bolsa de natación de plástico (17 cm x 30 cm), con un precio de 6,99 € (sic).

K., además, tiene la mala fortuna de haberse dejado el ticket en la caja, aunque minutos después lo recupera. Intenta explicar lo ocurrido, pero ya todo son oídos sordos: el suelo empieza a moverse bajo sus pies, el suelo de la frágil civilización que nos salva de la barbarie arbitraria. En un instante, K. deja de ser «cliente», «usuario» y, sobre todo, «persona» (no digamos ya «persona además enferma») para convertirse en un culpable despersonalizado de hurto: la tecnología de la alarma ha dictado su sentencia inapelable.

En su nueva condición de acusado, más allá de la inocencia, siente como el vigilante situado a su espalda le agarra por el cuello y lo lleva al interior de la tienda, a la vista del público. K. se percibe humillado, vejado e invadido en su integridad física y moral a sus 64 años, mientras recorre varios metros inmovilizados por esa técnica de agarre por detrás. Nunca K. —tampoco durante su lejano servicio militar— experimentó sentimientos ni situaciones semejantes, mientras percibe la fragilidad del entramado que sustenta nuestra dignidad de personas. Y descubre la nueva «barbarie civilizada» de la que hablaba Michel Henry: cómo, en cualquier momento, estamos al borde de la abolición de lo humano y no tan lejos como ingenuamente creemos de ser una «sociedad infernal» en sus estratos más hondos. Incluso en una de las tiendas de una reputada y conocida multinacional deportiva que factura anualmente miles de millones de euros.

K. alega en vano que se debería hablar con la amable cajera que pasó su compra para determinar el error, seguramente involuntario, en el escaneo: fallo humano o quizá técnico, dadas las limitaciones del sistema de identificación por radiofrecuencia en las cajas de esa cadena de tiendas, especialmente con artículos livianos, de plástico o colocados en mala posición. Oídos sordos. También pide que revisen las cámaras de seguridad, que sin duda mostrarán quién y cómo pasó los objetos por caja. De nuevo, oídos sordos.

Mientras es conducido de esta denigrante manera, «brazo en cuello», a K. se le evapora toda la reputación que atribuía a esta corporación. No solo la reputación: también dejan de «valer» para él los valores corporativos que exhibe en su web que le suenan ahora vacuos, igual que otros términos biensonantes como «experiencia de usuario» o «experiencia cliente».

Más bien, siente que emerge –como la gran mole oculta de un iceberg– una cultura basada en un autoritarismo desproporcionado e inquietante que impregna sus políticas de seguridad y que hace tabula rasa de toda la publicidad del grupo. Una «dictadura procedimental» ciega y sorda que pone en marcha todo un engranaje –«operativa» lo llaman ellos– contra una persona inocente de hurto por una bolsa de plástico de 6,99 € (sic). Y que lleva en su despliegue la marca de lo inhumano como K. percibe con la lucidez de la inocencia.

Pero el absurdo no ha hecho sino empezar: el joven encargado de tienda intenta dialogar, desde el sentido común, con Seguridad y encontrar una salida racional. Ante la idea de que el «retenido» pueda marcharse en libertad (sin la bolsita en cuestión, claro), Seguridad le repite al encargado, una y otra vez: «¿Entonces para qué estamos nosotros?» K. piensa que la pregunta resume muchas cosas, ninguna buena: por ejemplo, que no están para agarrar del cuello a clientes inocentes; que convendría hablar con el personal de caja para ver qué ha podido pasar; o cotejar, por ejemplo, las grabaciones de seguridad. Pero lo que piense K. es irrelevante: el engranaje irreversible de la política de seguridad se pone en marcha y nuestro ciudadano pasa de «presunto culpable» a «seguro imputado». Por eso se llama a la Guardia Civil para que incoe denuncia contra K. por el hurto de 6,99 € (sic). El absurdo y el desperdicio de recursos públicos se dan así la mano.

Hasta la llegada de los agentes, K. queda en una tierra de nadie, «retenido» —sea lo que ello signifique—, de pie en un pasillo de la gran tienda a la vista de todos, como si fuera un humilladero medieval. Si hace ademán de moverse, aunque solo sea para estirar las piernas, el vigilante se coloca delante de él como un defensa, marcando a su delantero en un saque de esquina. El surrealismo invade la escena y K. comprende que su mínima libertad de movimiento ha desaparecido hace ya muchos minutos. Le viene a la cabeza la película de Hitchcock Falso culpable, pero esta vez la pesadilla es bien real. Recuerda también aquella inquietante observación de Kafka en El proceso: «No es necesario aceptar todo como verdadero; uno debe aceptarlo como necesario». En este caso, con la necesidad de la 'operativa' de la tienda y sus procesos de seguridad. Ya no importa para nada lo sucedido verdaderamente.

A continuación, K. es conducido a un cuarto caluroso en el que la Guardia Civil instruirá las diligencias. Debido al calor, su enfermedad le lleva a pedir una bebida isotónica para hidratarse y equilibrar sus niveles de glucosa. Muy amablemente, el joven encargado de tienda se la trae y K. se lo agradece. Los agentes llegan finalmente y rellenan los formularios por los que será sometido a juicio rápido cuatro días después por el hurto de una bolsa de plástico para traje de baño (17 cm x 30 cm), con un valor de 6,99 € (sic), que él no hurtó, ni siquiera escaneó ni tampoco embolsó. Tras recuperar su libertad, esa misma noche K. acabó en urgencias de un hospital de Aravaca aquejado de una seria subida de tensión. No estamos hechos para ser tratados así, se dice para sus adentros.

Celebrado el juicio rápido, queda K. absuelto y comprueba con el molinero prusiano, que no solo en Berlín, sino que en Madrid hay jueces. Frente a lo escalofriante y arbitrario, la civilización de la justicia es lo que sostiene frágilmente el entramado civilizatorio.

Y ahora recuerda K. que, en Francia precisamente, durante los enconados debates en la Asamblea Nacional por el affaire Dreyfus, se oyó la voz rugiente de Clemenceau poniendo fin a la disputa sobre el falso culpable: «El asunto de un hombre es el asunto de todos.»

Esta vez, el hombre ha sido K. que ahora escribe, amigo lector: mañana, en el reino de la arbitrariedad 'operativa' basada en la sacralidad de la automatización y la escasez de talento, puede ser usted mismo, o aquel otro, o todos en suma. El asunto de K es ciertamente el asunto de todos. También de esa corporación multinacional de tiendas deportivas.

  • Ignacio García de Leániz Caprile es profesor de Gestión Internacional de Recursos en la U. de Alcalá de Henares