¿Está maniobrando Sánchez para que no le puedan juzgar penalmente?

En cualquier otro ámbito que no fuera el político, alguien con la posición de Pedro Sánchez en cualquiera de las tramas de corrupción que le acorralan, hubiera sido citado hace tiempo en el juzgado y, tras tomarle testimonio, posiblemente hubiese sido formalmente imputado a continuación.

Su participación en todos los escándalos, sean desde el Gobierno, el partido o su propia familia es incuestionable, por acción u omisión, y el lucro obtenido de manera directa o indirecta por las andanzas de sus subordinados es evidente también: falta por saberse si él fue partícipe a título lucrativo (beneficiario de algo que no cometió ni conoció) o si es la X de todo y, además de las ganancias políticas, las tuvo también económicas de por sí o a través de un tercero.

Y que nadie se escandalice: la culpabilidad in vigilando ya es una certeza, y solo en el miserable universo sanchista, bien regado, puede sostenerse con infinita desvergüenza que él no es el primer responsable político de que todos los que rodean y le hicieron secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, con pactos nefandos conocidos ya o por conocer, hicieran además negocios que siempre prosperaron, en el último momento, gracias a su visto bueno: la compra de mascarillas, la licencia de hidrocarburos, las adjudicaciones de contratos públicos o la financiación de las Primarias tienen su firma personal, desde el Consejo de Ministros, el Peugeot, La Moncloa o Ferraz.

Esa responsabilidad ya debería haberle costado el puesto, comprado con maneras corruptas no muy distintas al tradicional intercambio de un maletín con dinero por una recalificación urbanística, pero para que tenga consecuencias penales obviamente ha de instruirse un caso, con todas las garantías procesales y un requisito previo: que el Tribunal Supremo se dirija al Congreso y pida el suplicatorio, que es algo así como el permiso preceptivo y rutinario que debe tramitarse para poder citar a declarar o imputar a un aforado.

Pues bien, cuando el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado necesario anunciar en público que, si llega a la Presidencia, cambiará la norma que regula ese trámite, lo que está diciendo son dos cosas importantes y gravísimas: que Pedro Sánchez debe ser citado por el Supremo y que, cuando eso ocurra, el líder socialista se movilizará para que, por primera vez en la historia, el Congreso lo rechace.

La costumbre parlamentaria impone la concesión del mismo sin debate alguno, pero la ley recoge que, en el caso de ser rechazado, las eventuales responsabilidades legales del afectado queden extinguidas: algo tan escandaloso, antidemocrático y casi golpista que nadie nunca se ha atrevido a hacer, pero que, en el caso de Sánchez, no puede descartarse.

¿O acaso no lleva meses convirtiendo la acción judicial, siempre precisa y consecuente con el ordenamiento vigente, en una suerte de conspiración ilegal, con fines políticos espurios, que hay que denunciar y frenar? ¿O no se ha servido de sus atribuciones para anular sentencias del Supremo, con indultos, a reos sin asomo de arrepentimiento; o para movilizar al Constitucional y que blanquee atracos de la envergadura de la amnistía?

Desde hace meses se da por seguro, en los círculos mejor informados, que Sánchez acabará en un banquillo. Y parejo a eso, se teme que maniobre contra el Estado de derecho para dotarse a sí mismo, y a quienes él elija, de una inviolabilidad que ni el propio Rey tiene.

Las acertadas palabras de Feijóo demuestran que todo eso no eran rumores y que hay razones para preocuparse: si ya sería extraño que Sánchez no acabara en un banquillo, evitarlo con tretas mafiosas, colocaría la democracia española en una especie de vertedero de residuos inútiles. Ojo a la advertencia, que es de un inmenso calado.