No es el 23-F, sino el F-23 de la ruptura democrática de Sánchez

Atenidos a la sabiduría popular, «viendo el chozo, se ve el guarda». Por eso, después de la obscena exposición del Congreso para conmemorar que la Constitución de 1978 sea la más longeva de la Historia de España, amartillada por el ministro Bolaños y el exportavoz Oliver, hoy presidente de la agencia gubernamental Efe, nadie debiera llamarse a andana por la repentina desclasificación de los documentos secretos sobre el 23-F. Todo ello después de que Pedro Sánchez esgrimiera hasta el lunes carecer de base jurídica para ello ante las requisitorias –en especial del PNV– de sus socios Frankenstein.

Si Bolaños&Oliver, con la anuencia de la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, borraban la semana pasada al Rey Juan Carlos del memorial gráfico sobre la Carta Magna –como Stalin suprimía las fotos de los caídos en desgracia– y conferían protagonismo a quienes sabotearon la Transición con bombas y tiros en la nuca –incluyendo una portada del pasquín etarra Gara para escarnio de las víctimas–, otro tanto cabe inferir de la desclasificación de 153 cajas de documentos secretos del 23-F para invalidar la Transición española y proveer unas elecciones plebiscitarias en 2027 que lo descompongan todo permitiéndole a Sánchez atrapar el «cisne negro» que evite su defenestración.

No por casualidad, la providencia del Consejo de ministros coincide con el cincuentenario del referéndum de la ley de Reforma Política de Adolfo Suárez que cosechó un aplastante aval –un 97,36 % de «síes» con el 77,8 % de participación– frente a la ruptura que auspiciaban los adeptos a una «democracia popular» a la portuguesa. Nada que ver, desde luego, con la imposible transparencia de un Ejecutivo que la opaca a todas horas, sino trasladar la sensación, como significó ayer la ministra-portavoz Elma Saiz, que España padece una anomalía democrática.

Si Sánchez ha querido con el «Año Franco» del 2025 ganar la Guerra Civil de 1936, hogaño mangonea otro tanto con respecto a la consulta de 1976 en la que las huestes antifranquistas se reafirmaron en la ruptura, si bien se abrió paso la ley suarista como el modo más seguro –y acaso único– de que hubiese comicios democráticos un año después. Al fin y al cabo, el milagro político español fructificó en una «ruptura pactada» debido a un consenso hoy denostado por una izquierda retrógrada tan incendiaria en sus medios como la prensa del «bunker» franquista lo fue contra Juan Carlos I y Suárez, cuya caída se precipitó en la antesala (de banderas) del 23-F bajo el runrún del «algo hay que hacer», pero también del «golpe de timón» que invocó el president Tarradellas.

A ello no fue ajeno el PSOE que coqueteó en aquellos prolegómenos con la «Solución Armada», antiguo secretario de la Casa del Rey, para abatir a aquel «chusquero de la política» al que sentenció el portavoz parlamentario, Alfonso Guerra, en el debate de la fallida moción de censura socialista de mayo de 1980: «Suárez no soporta más democracia y la democracia no soporta más a Suárez», después de acusarlo que entraría en el Congreso a caballo como el general Pavía. En esa marejada, con ruido de sables de fondo, fue cuando Alfonso Armada, entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, se postuló para encabezar un Gobierno de concentración en una operación que se cruzó con el asalto del teniente coronel Tejero en la segunda votación de la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo.

A este propósito, el general Armada almorzó el 22 de octubre de 1980 en Lérida con Enrique Múgica, diputado socialista; Joan Reventós, líder del PSC; y Antoni Siurana, alcalde socialista de Lérida. En el informe remitido a González, Múgica detallaba la propuesta de la «presidencia por un neutral» y que el Rey podría convocar al Palacio de la Zarzuela a todos los líderes políticos incluidos los comunistas para ese Ejecutivo que podría vicepresidir González. Aunque en enero de 1982, ante el juez militar que instruyó el sumario del 23-F, los tres gerifaltes socialistas negaron a coro que se hubiera hablado en la comida de golpe de timón de ninguna clase, Jordi Pujol relata en sus memorias que Múgica le había hecho a finales del verano de 1980 una visita a su casa de Premià de Dalt para preguntarle cómo vería que se forzase la dimisión de Suárez y su sustitución «por un militar de mentalidad democrática». «Le manifesté –explica– mi total desacuerdo. Esta visita, junto con otros hechos, revela que (…) tenían una prisa enorme por llegar al poder».

Cuando Armada acudió al Congreso la noche del 23-F, camuflado de desactivador del golpe, Tejero lo echó a patadas cuando le enseñó una lista para un Gobierno de salvación nacional –presidido por él– con ministros incluso comunistas como Tamames. Al solaparse los golpes duro de Tejero y blando de Armada, el teniente coronel de la Guardia Civil entró en delirio hasta el día del juicio. «Lo que yo quisiera –alegó ante el tribunal– es que alguien me explique lo del 23-F… porque yo no lo entiendo».

No parece que sea lo que anime a un Sánchez que, en la tesitura de la investidura interrumpida de Calvo-Sotelo, tal vez habría suscrito aquel «pacto del capó» con los alzados como ha rubricado el «pacto del maletero» con el prófugo Puigdemont para seguir en La Moncloa amnistiando a quien se rebeló desde el Palacio de la Generalitat. ¡Qué diferencia con quien, en estado de extremaunción política, sometió a los militares del 23-F al Tribunal Supremo para que se le incrementaran las penas!

Ítem más: Sánchez persigue emporcar la figura de Juan Carlos I y anular la de Felipe VI, luego de que el padre conjurara el golpe militar 1981 y el hijo frenara el golpe separatista de 2017, en una maniobra en el que muchas mentes perezosas atisban sólo una cortina de humo cuando lo que procura es prender fuego al sistema para emerger sobre sus cenizas cual ave fénix en 2027.

De paso, claro, echa siete llaves a su mil y una fechorías haciendo que todo lo que él haga sea secreto, salvo que se señale lo contrario –como la ministra Saiz achacaba ayer al franquismo no cayendo en la cuenta que retrataba al sanchismo–, mientras proclama cínicamente que «la memoria no puede estar bajo llave». Lo cierto es que «Noverdad» Sánchez se arrodilla al golpismo y huye de Paiporta con zancada de galgo a diferencia de un Suárez que, encarnando la dignidad de la democracia, se mantuvo sentado y firme cuando Tejero, pistola en mano, ordenó: «¡Quieto todo el mundo! ¡Al suelo! ¡Se sienten, coño!». Por eso, el golpismo militar acabó y el golpismo separatista marca los designios de la España sanchista.

En suma, Sánchez no aspira tanto a desclasificar el 23-F para que los jóvenes no crean que «con Franco se vivía mejor», sino propulsar un F-23 -a modo de avión de combate- para bombardear el orden constitucional en el 50º aniversario del referéndum de la Ley de Reforma Política que franqueó en 1976 la democracia y le facilite la excepcionalidad que persigue en 2027.