Montero esconde 65 nombres de la lista millonaria de asesores que eligió a dedo por miedo a la prensa

Estuvo en los ERE, es la reina de los sablazos fiscales, miró para otro lado con la cloaca del PSOE, defendió a Cerdán y a Ábalos hasta el último momento, fue clave en engrasar los peajes de Sánchez al independentismo, tiene mucho que callar con la SEPI o el rescate de Plus Ultra y, si nada cambia, cosechará el domingo el peor resultado histórico del PSOE en Andalucía. Es María Jesús Montero y, además de todo eso, incumple la ley para proteger un secreto quizá inconfesable: la lista de sus asesores «Vip», que esconde contra viento y marea.

María Jesús Montero ha dejado el Ministerio de Hacienda, pero no el Congreso de los Diputados, para afrontar unas elecciones andaluzas que apuntan a batacazo socialista como la mayor recaudadora de la historia de España, - 301.355 millones de euros en 2025-. Ha exprimido como nadie a los españoles y hasta la firma internacional Amsterdam & Partners ha denunciado en todo el mundo los abusos de la Agencia Tributaria española contra los contribuyentes y los empresarios.

Pero también se marcha ocultando el nombre de sus altos asesores, esos que fueron contratados a dedo y que han supuesto una factura de 6 millones de euros para las arcas públicas. Un nuevo acto de rebeldía del Gobierno frente al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que le obliga a hacerlos públicos, tal vez porque existe la posibilidad de que entre ese listado de asesores se encuentre alguno de los señalados por los casos de corrupción que rodean al Ejecutivo. De hecho, el que fuera su jefe de Gabinete, Carlos Moreno Medina, afirmó en el Supremo que intercambió mensajes con Aldama en los que, hasta en dos ocasiones, el comisionista le solicitó el aplazamiento de una deuda con Hacienda.

Montero, que se definió a sí misma como la «mujer con más poder del conjunto de la democracia» y que siempre ha puesto por delante los intereses de Sánchez en cuestiones como la amnistía o el cupo catalán sin tener en cuenta a su tierra, contaba una extensa relación de asesores de confianza a tenor de la documentación a la que ha accedido este periódico, pero sus nombres siguen siendo un misterio, ya que Hacienda continúa intentando ganar tiempo y «ha procedido a su traslado a las personas afectadas informándoles de que, salvo que interpongan el correspondiente recurso, se va a proceder a facilitar sus datos», pese a que el Supremo ya señaló que no debe hacerlo.

Cabe recordar que este periódico solicitó a Hacienda el listado del «personal nombrado, entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2024, en un puesto de trabajo de carácter no permanente para realizar funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial (personal eventual) con nivel superior a 28», pero el departamento dirigido por Montero se limitó a informar que estos asesores habían costado más de 5,7 millones de euros a las arcas públicas, sin desvelar sus nombres.

La peregrina razón esgrimida por la ahora candidata socialista es el temor a que la lista acabe «siendo publicada en medios digitales y redes sociales», a pesar del mandato firme en aplicación, entre otras, de la Sentencia del Tribunal Supremo 1768/2019 de 16 de diciembre y de los Criterios Interpretativos Conjuntos del Consejo de Transparencia y la Agencia Española de Protección de Datos dictados a este respecto. Así, se estima que debe prevalecer el interés público en la divulgación de la información relativa a esta clase de asesores con nivel superior a 28.

En concreto, explicó que «trece de las personas afectadas se han opuesto a la publicidad de sus datos, argumentando que podría afectar a su vida personal, a la protección de los datos del entorno familiar y a su intimidad y seguridad, ya que los datos personales relativos a la identificación de la persona afectada pueden terminar siendo publicados en los medios de comunicación».

De hecho, insistió en este argumento ante el Consejo de Transparencia mediante unas alegaciones formuladas el pasado 23 de julio, pese a que la jurisprudencia ya establece que no es pertinente, y ahora ha vuelto a pedir permiso a estos asesores, después de que el Consejo dictase la resolución 1357/2025 el pasado 17 de octubre.

En ella, el organismo independiente dejaba claro que no era necesario «el consentimiento de los interesados», pues la instrucción a seguir «se encuentra suficientemente clarificada tanto en la doctrina de este Consejo como en la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia, por lo que no cabe oponer límites legales al acceso a los datos identificativos y profesionales del personal de confianza».

Además, el Consejo añadía un matiz importante, recogiendo en su escrito que «en lo que respecta a la identificación del personal eventual de los gabinetes, la doctrina jurisprudencial que se acaba de exponer ha sido acogida por el propio Consejo de Ministros en el Anteproyecto de Ley de Administración Abierta, aprobado el 7 de octubre de 2025», que obliga a las administraciones a identificar y publicar los currículos del «personal eventual que desempeña funciones de confianza y asesoramiento especial».

Sin embargo, el ministerio sigue desobedeciendo e intentando imponer su propio criterio y el pasado 31 de octubre facilitó otro listado incompleto, que solo incluye la identificación de las personas que «no han podido ser localizadas y que, por tanto, no han manifestado oposición expresa a su identificación».

Una actuación que «se realiza en aplicación del principio de prevalencia del interés público en la divulgación de información, conforme a los criterios interpretativos vigentes y en el marco de la normativa de transparencia», según la subsecretaria de Hacienda, Lidia Milán, pero que van, precisamente, en contra de lo estipulado por el propio CTBG, refrendado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Por ello, los expertos que asesoran a El Debate en materia de transparencia y derecho de acceso a la información pública ya han puesto la situación en conocimiento del propio organismo independiente y han avisado a Hacienda de que, de seguir manteniendo esta postura, se tomarán las medidas legales oportunas para garantizar el cumplimiento de la resolución y así poder tener acceso completo al listado de asesores.

De esta manera, María Jesús Montero pone rumbo a Andalucía sin terminar de aclarar los nombres de las personas que ha contratado a dedo, pero con una mochila llena de contradicciones y cuestiones pendientes que la están penalizando en las encuestas, que ya dan una mayoría absoluta al actual presidente de la Junta y candidato del PP, Juanma Moreno, y vaticinan el peor resultado histórico del PSOE en Andalucía, donde no ganan desde las generales de noviembre de 2019.

Además, las últimas declaraciones en el debate electoral de Canal Sur, donde calificó de «accidente laboral» la reciente muerte de dos guardias civiles en la costa de Huelva cuando perseguían a una narcolancha, han terminado de sentenciar a Montero. De hecho, desde la asociación Jucil han mostrado su más absoluto «rechazo» a las palabras de la candidata socialista y le han exigido respeto por sus compañeros fallecidos, a los que han calificado de «héroes que dieron su vida sirviendo a España».

Las contradicciones que acorralan a Montero en su regreso a Andalucía: de los ERE al cupo catalán

De esta forma, sin Presupuestos Generales del Estado desde hace más de tres años y sin la aprobación de la reforma de la financiación autonómica, que ahora tiene que negociar su sucesor, Arcadi España, Montero desembarca en la comunidad donde comenzó su andadura política con el recuerdo de haber estado presente en la mayor trama de corrupción española, los ERE de Andalucía, al haber formado parte del consejo de Gobierno autonómico de Manuel Chaves y después de José Antonio Griñán, los dos expresidentes condenados por corrupción, pero ‘perdonados’ por el Constitucional de Cándido Conde Pumpido, y con la carga de haber priorizado los intereses del Gobierno de Sánchez, que pasan por congraciarse con los independentistas catalanes, frente a la defensa de los andaluces.

La ‘financiación singular’ para Cataluña es una losa que ahora trata de aliviar. De hecho, pese a que en el pasado, cuando era responsable de las cuentas públicas andaluzas, aseguraba que «no caben negociaciones bilaterales para discutir un modelo de financiación, porque todos bebemos de la misma fuente y comemos de la misma tarta», ahora ha tenido que aceptar un pacto con ERC, que el propio Juanma Moreno calificó como «una traición de Montero a Andalucía».

De hecho, el pasado mes de abril, defendía, junto a José Luis Rodríguez Zapatero, este modelo de financiación: «Interesa a España, a toda España, que Cataluña esté bien financiada. ¿Por qué? Porque es el 20 % de las exportaciones. Porque es una locomotora económica para toda España, y también, por tanto, para Andalucía, para Galicia...», decía el expresidente.

Además, lo hacía en un feudo especialmente sensible sobre este asunto, como es Jaén. El Ayuntamiento de la ciudad tiene un agujero económico gigantesco, es el primero en deuda por habitante de todo el país y está intervenido por el Ministerio de Hacienda. De hecho, tal y como publicó El Debate, la propia ministra se encargó de dar el visto bueno a una moción de censura que devolvió a los socialistas a la alcaldía, con el apoyo de Jaén Merece Más.

Como contraprestación, se comprometió a implementar medidas para reducir la deuda municipal, que supera los 600 millones de euros, entre las que se encontraba una quita de deuda, algo que la formación provincialista desmintió poco después, aunque sí habló de otras opciones que podían ir desde la dación en pago de terrenos municipales a la rebaja de intereses.

La ‘quita’ de deuda al Ayuntamiento de Jaén que jamás llegó

Sin embargo, la ciudad ya ha presentado nuevas cuentas públicas, su primer presupuesto en nueve años, tras estar casi una década con el de 2017 prorrogado, pero no contemplan ninguna de las medidas de alivio financiero que justificaron la moción de censura contra el PP en enero de 2025.

Es más, el propio Ministerio de Hacienda reconocía a preguntas de El Debate, pocos meses después de la moción de censura, que no iba a cumplir con sus promesas. En concreto, en un documento firmado el 4 de marzo de 2025 por Inés Olóndriz, entonces responsable de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, que «ni se le ha condonado ni rebajado el importe de los préstamos que el ayuntamiento mantiene con el Fondo de Financiación a Entidades Locales».

Del mismo modo, insistía en que no poseía «ningún informe que justifique otorgar un trato privilegiado al Ayuntamiento, ni convocatoria de reuniones preparatorias con tal fin», confirmando, por tanto, que todo era humo para recuperar parte del peso perdido por el PSOE en Andalucía.

Además, a esto hay que sumar que el propio Ayuntamiento jienense tampoco ha aclarado si mantuvieron reuniones con técnicos o altos cargos del Ministerio de Hacienda para preparar el acuerdo antes de la moción de censura o después de la misma, pese a que el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía así lo ordenó en su resolución 947/2025 de 1 de diciembre de 2025.

De hecho, el propio Consejo sentenciaba que el Ayuntamiento estaba obligado a dar respuesta, puesto que esta relación de reuniones «se incardina claramente en el concepto de información pública», a lo que hay que unir que ni siquiera contestó a la solicitud de alegaciones del organismo, aunque a fecha de esta publicación, El Debate sigue sin obtener respuestas.