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No hace falta ser siquiera monárquico para entender el valor y la utilidad de la Monarquía Parlamentaria como sistema democrático de prestaciones inigualables por ningún otro desde la Primera República: basta con recordar el formidable avance de España desde 1978 y la contribución decisiva de la Corona a ello: mientras unos se dedicaban a conspirar, otros a romper y alguno más a matar, Juan Carlos I se concentró en frenar la involución, garantizar el asentamiento del nuevo régimen y proyectar una imagen internacional de España indispensable para su progreso.

Tampoco hace falta obviar los errores personales del Rey, cuya falta de ejemplaridad en determinados asuntos es tan obvia como, en realidad, insignificante al lado de la de un presidente sin votos, con una familia política dedicada a la prostitución, una tesis plagiada y una pandemia de corrupción en su entorno más cercano; para reconocer que su balance es formidable y que se ha ganado sobradamente la indulgencia.

En un país que ha amnistiado e indultado a delincuentes incapaces de renunciar a repetir delitos contrarios a la propia existencia de la nación; que ha anulado sentencias tan inapelables como la de los ERE andaluces para blanquear a los socialistas Chaves y Griñán o que aplica o se traga incluso la liberación de terroristas tan sanguinarios como Txeroqui, Bienzobas y quizá hasta Txapote; concentrar toda su dureza en un octogenario con una hoja de servicios públicos ejemplar es, simplemente, delirante.

¿Nos va a decir Sánchez, el de la esposa y el hermano imputados, el de las primarias amañadas, el de las saunas en inmuebles públicos, el de los Ábalos, Cerdán, Koldo y compañía, el de la trama de mascarillas para forrarse mientras la gente se moría, que él es el baremo para medir la ejemplaridad de los demás y que su dedo decide quién aprueba el examen y quién, como él, no tiene ni que pasarlo porque se concede a sí mismo un sobresaliente haga lo que haga y pase lo que pase?

Si alguien se merece indulgencia en España, por edad y currículo, es el viejo Rey, cuyo destierro es simplemente una ignominia para todos, un acto acomplejado de cobardía frente al populismo y un tiro en el pie para los valores constitucionales, hoy atacados y enmendados por una coalición de maleantes y sinvergüenzas aliada para deshacer el edificio democrático e imponer, con distintas excusas, su delirante proyecto: para unos, el troceamiento del país, para otros, una Venezuela endulzada a la europea. Y para todos, un destrozo de la España que mejor ha integrado en su genoma los valores de reconciliación, convivencia, igualdad y europeísmo.

No hay que engañarse pues: el Rey Juan Carlos, con sus debilidades, solo ha sido el medio. El fin siempre fue acabar con ese régimen maldito para ellos, pero bueno para todos, abrir un nuevo periodo constituyente, tensionar el sistema vigente y lograr, entre eufemismos, alcanzar sus metas destructivas.

O dicho de otra manera: no se puede defender la Constitución sin defender a la vez al Rey desterrado, y como eso no lo hace Pedro Sánchez, hay que ponerse en lo peor: que tras el fracaso del francomodín, el último as en la manga sea precisamente derribar la barrera monárquica, o al menos intentarlo, para adaptar el sistema institucional a las exigencias de sus insaciables socios, a los que ya no tiene amnistías que ofrecer en el futuro. Que no pueda lograrlo no significa que no quiera utilizarlo como instrumento movilizador de su clientela, con una simple pregunta al fondo, ¿monarquía o república?, que en realidad encierra otra peor: ¿Democracia o Frente Popular?