Cabalgando contradicciones
Se sienten exprimidos, abandonados y hasta abofeteados por aquellos a quienes pagan el salario para gobernar su país. Es a su agravio al que hay que dar respuesta con el ejercicio de la política y la gestión de lo público, no con banderas
A Vox le ha salido un eslogan redondo. La «prioridad nacional» le reconcilia con su votante potencial, desencantado por los líos internos y exasperado por la parsimonia con la que los de Abascal negocian gobiernos que aseguren en el poder a las derechas. Son esos españolitos de a pie hartos de pagar impuestos abusivos que no conciben que no le lleguen los puntos para ganar una beca, que su asistenta le gane por la mano la plaza pública en la guardería o que no haya forma de pagar una vivienda cuando otros viven de gratis protegidos tras dar una patada a la puerta. Nadie se molestará en explicarles que muchos de esos otros que obtienen beneficios del erario público pasan al igual que él por la ventanilla de la Agencia Tributaria cada primavera y que, por tanto, aunque no tengan su misma nacionalidad, han generado alguno que otro derecho, que no los mismos. Cuestión distinta es el catálogo de injusticias, pagas y regalías que ha ensanchado hasta cotas inimaginables este gobierno, disfrazado de progresista para tapar el oportunismo. Pero me temo que esas van más a bolsillos nacionales que extranjeros. No hay más que ver las subvenciones millonarias con las que Yolanda Díaz, antes de soltar la cartera, agradece la interesada colaboración de los grandes sindicatos de clase.
Si a Vox le reconcilia con su público, la «prioridad nacional» es para el PSOE un magnífico regalo de campaña. A las puertas de unas elecciones en Andalucía que pueden ser decisivas para afrontar con un mínimo de estabilidad la recta final de esta legislatura para el oprobio, no han desechado la oportunidad de llenarse la boca criminalizando a un Partido Popular a costa de sus pactos. Y lo hacen sin siquiera ruborizarse. Invoca la igualdad ante la ley el mismo gobierno que pergeña una financiación diferenciada de los servicios públicos para sus ciudadanos, en función del lugar en el que vivan. Se permite poner el calificativo de racista el mismo que compadrea, pacta y se echa en brazos de un partido que nunca ha condenado la violencia, la de los asesinos que mataban a los españoles por la mera razón de serlo y a los que ahora abren de par en par las puertas de las prisiones. Es el gobierno que criminaliza y cancela al discrepante y que, sin embargo, cambia radicalmente de criterio en función de las circunstancias. Es el que pone líneas rojas a la derecha, pero viaja a donde haga falta para hacer la genuflexión ante sectarios acusados de sedición. Es el presidente que se empeña en enarbolar ante el mundo la bandera anti-Trump envolviéndose en la bandera blanca del derecho internacional y que se rinde ante el dictador comunista chino sin mencionar siquiera como anécdota los derechos humanos de los habitantes de Hong Kong, el Tibet o el mismo Pekín. Si no tuvieran entre manos asuntos tan serios, sería para desternillarse de risa.
Hay que admitir que se lo han puesto fácil los de Feijóo. Incapaces de explicar sus acuerdos con solvencia, parecen pedir perdón en vez de celebrar la victoria que los ciudadanos les han dado en las urnas. A estas alturas, debieran saber que, tras esos votos, hay muchos que de buena fe invocan la «prioridad nacional». Se sienten exprimidos, abandonados y hasta abofeteados por aquellos a quienes pagan el salario para gobernar su país. Es a su agravio al que hay que dar respuesta con el ejercicio de la política y la gestión de lo público, no con banderas.