Ocho memorables meses

Hace cincuenta años, un carrusel de reformas haría nacer una Transición efectuada «de la ley a la ley». De mayo a diciembre de 1976 se sucederían una serie de iniciativas legales que fructificarían en un nuevo régimen. Esos cambios se produjeron en unas Cortes no democráticas, pero en las que ya se respiraban otros aires. Aunque en noviembre de ese año se aprobara la Ley para la Reforma Política, clave de lo que después vendría, las Leyes sobre Derecho de Reunión y de Asociaciones Políticas serían su antesala. Despachada la primera en mayo en apenas cinco horas y con solo cinco votos discrepantes, un mes después lo haría la de Asociaciones, por 338 votos a favor, 91 en contra y 24 abstenciones. La Ley de Reforma Política sería ratificada en referéndum en diciembre por el noventa y cuatro por ciento de españoles. Ese umbral de apoyo tan elevado fue parecido al de los propios Procuradores, que la secundaron de forma muy mayoritaria.

Esos ocho meses de hace medio siglo resultaron trascendentales para el advenimiento del vigente sistema constitucional. Y esa magna obra de filigrana jurídica, en especial la de Reforma Política, se la debemos a Torcuato Fernández-Miranda, un estadista y jurista como la copa de un pino. La Ley que diseñó era corta, de solo cinco artículos, tres disposiciones transitorias y una final. No contenía tampoco preámbulo ni cláusula derogatoria, para no tener que señalar qué era lo que subsistía del franquismo, dado que la norma abrogaba de facto su estructura legal básica.

La ley elaborada por Miranda introducía principios de genuino corte liberal, como la soberanía popular, legalidad, imperio de la ley, inviolabilidad de los derechos fundamentales y su vinculación a los poderes públicos; o división de poderes y sufragio universal, directo y secreto de los españoles mayores de edad. Pero también reconocía tácitamente el pluralismo político, lo que operaría un significativo cambio de rumbo respecto del modelo precedente. En el ámbito institucional, creaba un sistema bicameral integrado por el Congreso de los Diputados y el Senado, con miembros elegidos en las urnas en circunscripciones provinciales. Algunas normas electorales que contenía se llevaron incluso a la actual Constitución.

Antes de tramitarse en las Cortes, el proyecto de ley de Torcuato pasaría por los organismos de la legalidad de entonces, como el Consejo Nacional del Movimiento, que lo ratificaría con abrumadora mayoría, con solo trece votos en contra, del centenar de miembros que lo componían. Casi coincidiendo con el primer aniversario del fallecimiento de Franco, la ley se debatiría y aprobaría por unas Cortes que seguían los principios del 18 de julio, pese a que constituía en buena medida su formal acta de defunción. A pesar de que se considerara a la Ley para la Reforma Política como la octava Ley Fundamental, nada tenía que ver con ellas, de modo que en la realidad nacería para hacer desaparecer todo el sistema político precedente.

Pero lo esencial es que esta norma, que coronaría los memorables ocho meses de hace cinco décadas, haría terminar sin ruptura ni vacío legal una dictadura, proporcionando una salida pacífica y ordenada a una coyuntura inviable tras el fallecimiento del general Franco. Y eso se hizo sabiendo engarzar con maestría dos ordenamientos políticos antagónicos, dotando a la Transición de un aspecto de legalidad que pudiera desembocar en la real reconciliación de los españoles. Se trataba, en suma, de una demolición controlada de lo preexistente dirigida con primor por Fernández-Miranda, sin operar rupturas traumáticas y bajo la supervisión del nuevo monarca y el presidente Suárez.

El brillante trabajo desarrollado por Fernández-Miranda fue el comienzo de todo lo demás. Estuvo en todo momento guiado por un espíritu nacional de entendimiento y apego a la legalidad que nunca debiéramos olvidar. Torcuato Fernández-Miranda persiguió tender un puente en lugar de levantar un muro, y se empeñó en que los españoles fuéramos de la mano, como supimos hacer hace cincuenta años. Recuperar la memoria de esta epifanía democrática debiera servirnos para enfrentar tantos desafíos a la convivencia y al derecho que se presentan cada dos por tres. Y ponerlos como contraste de lo que procede hacer con auténtica visión de Estado, esa óptica que tanto se echa de menos en tiempos de pirotecnia y flatus vocis.