Pucherazo

Si alguien, incauto, tenía alguna duda sobre las intenciones de Sánchez con la Ley de Nietos, el ataque en tromba contra el Tribunal Supremo tras suspender cautelarmente el derecho a voto de los nacionalizados con urgencia la habrá despejado: solo quien contaba con ese chute de votos potenciales puede enfadarse y acusar de manera tan salvaje a quienes, simplemente, actúan desde la ley y el sentido común y lo explican con precisión quirúrgica.

El Supremo no se ha metido en la concesión masiva del DNI a todo aquel que tuviera un antepasado español, que también tiene un debate más allá de la cuestión electoral: conseguirlo devenga derechos para el beneficiario y sus familiares más cercanos que, con independencia del sufragio, siguen vigentes.

Una madre y sus cuatro hijos argentinos, que no conocen España ni habían mostrado interés alguno en conocerla, tienen ahora la posibilidad de vivir aquí y solicitar todos los servicios, ayudas y subsidios que el sanchismo ha mejorado, con fines clientelares, hasta el punto de que en España ya no renta trabajar con determinados salarios y es más cómodo y sencillo vivir o sobrevivir de la sopa boba.

La nacionalidad ya se podía conseguir, y para ello el arraigo o la voluntad de volver a tus raíces ya ayudaban a lograrlo: crear ahora un atajo, con o sin derecho a voto, es algo que no debería aceptarse sin más, por mucho que el abuelo fuera español, sin unos mínimos requisitos que verifiquen una vocación, un interés, un compromiso y una integración previas: ningún país del mundo regala la nacionalidad sin más, y poner aquí al mismo nivel a quienes llevan años buscándola y a quienes habían ignorado el camino pero ahora les suena la flauta es injusto, estúpido e indiciario de una jugada perversa mayor.

Que es precisamente lo que ha intentado e intenta Sánchez, colando por la puerta de atrás una flagrante ilegalidad antidemocrática para ver si consigue fabricar los votantes que aquí no tiene, con esa misma teoría del reemplazo que aplica en todos los ámbitos: él solo quiere jueces, policías, diputados y periodistas a la carta, adaptados a sus intereses y deudores de sus órdenes; y lo mismo le pasa con los españoles.

La zafiedad de la maniobra, que podría llegar a insuflar hasta 2.5 millones de nuevos votantes con el mismo conocimiento, apego y trabajo por España que usted y yo por Filipinas; demuestra ante todo la peligrosa disposición del Señor de la Mareta a cambiar el Estado de derecho, las reglas del juego e incluso la sociedad española para moldearla a su antojo, si hace falta con un pucherazo no muy distinto en su espíritu al que Nicolás Maduro perpetró unos meses antes de ser detenido: uno lo hizo escondiendo o manipulando las actas electorales; el otro, algo más sutil, ampliando artificialmente el cuerpo electoral para ver si, en señal de agradecimiento por el regalo, le corresponden con su voto.

La pregunta no es si Sánchez está dispuesto a alterar las elecciones, sino cómo va a hacer para mantener viva la manipulación del censo –¿con la ayuda del Tribunal Constitucional del amigo Pumpido?– y qué más ha hecho o hará como complemento a esa cacicada: la manipulación del CIS y de RTVE o la intervención en Indra o Correos ofrecen alguna pista al respecto.

Porque Sánchez siempre ha sido un fraude, desde las primarias a sus investiduras, un codicioso sin escrúpulos que, en el asalto al poder, jamás le ha parado nada: hoy mismo sigue gobernando sin ganar en las urnas, sin mayoría parlamentaria y sin Presupuestos, lo que en sí mismo le sitúa fuera de la democracia, así que lo hará también sin los españoles si el Estado no está a la altura de la insurgencia de, él sí, este lobo solitario sediento y tramposo.