A coces con el Estado de derecho

Elma Saiz, pamplonesa de 50 años, vive del PSOE desde que tenía 28 abriles. Y se le nota. Por obediencia al partido, léase a Sánchez, se ha lanzado a propinar unas alegres coces al Estado de derecho, en la estela de los agrestes Óscar y del propio Líder Supremo.

Casada y madre de dos hijos, socialista caviar de gimnasio VIP en Madrid, Elma cuenta con una formación jurídica a sus espaldas. Estudió Derecho en la Universidad de Navarra, donde no te regalan la carrera, y a continuación completó un máster sobre Fiscalidad en el mismo centro. Cabe suponer que la hoy ministra portavoz algo aprendería en la facultad, pero ha optado por anteponer el pelotilleo a Sánchez al respeto al imperio de la ley. Sainz se abanicó este martes con las bases del Estado de derecho para proclamar desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros que «Begoña Gómez es inocente» y «víctima de un escarnio público insoportable».

Dudo que puedas acabar la carrera de Derecho sin saber que desde los tiempos de los romanos todo el armazón jurídico occidental se basa en que los ciudadanos que se consideren víctimas de una ilegalidad pueden pleitear en tribunales contra sus vecinos y contra el propio poder.

En el Renacimiento y el Barroco, los españoles éramos quizá el pueblo más litigante del mundo. Los querellantes más pudientes e influyentes disponían de más posibilidades en las cortes de justicia, es cierto. Pero incluso el vulgo, incluidas las mujeres y los indios recién incorporados a la Corona, podían pleitear y se animaban a hacerlo. ¿Y por qué lo hacían? ¿Por alguna rara pasión masoquista? No. Pleiteaban porque conservaban una razonable fe en que los tribunales les podían hacer justicia.

Con la separación de poderes de Montesquieu y con la consagración de la democracia parlamentaria se fortaleció un sistema de contrapesos, que salvaguarda todavía más la independencia del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo. Es de puro sentido común que así sea, pues si las decisiones de los tribunales pudiesen verse mediatizadas por el dedazo intrusivo del gobierno, ¿de qué tipo de justicia estaríamos hablando? Las sentencias quedarían al albur del capricho del gobernante de turno. Los jueces se convertirían en meros peleles de los deseos del Ejecutivo. Todo pleito que supusiese un posible revés o desdoro para el gobierno sería bloqueado por el gobernante para evitarlo. En puridad ya no habría justicia. Se abriría de par en par la puerta a la tiranía.

Por todo ello resulta un desvarío que la portavoz del Gobierno se atreva a dictar sentencia por anticipado para establecer que la mujer de su jefe «es inocente». Eso, Elma, como bien te enseñaron en Pamplona, supone una agresión inaceptable del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Sufrimos a un Gobierno que presiona a jueces y miembros del jurado señalándoles desde la sala de prensa de la Moncloa lo que tienen que fallar. Una chifladura solo al alcance de las dictaduras más extravagantes.

No se ayuda el desencajado Sánchez dilatando las elecciones, porque cada día nos deja una colección de reveses y bochornos. El lunes, Begoña al banquillo y ultimátum a Zapatero para que aclare lo de su tesoro. Ayer, la flamante barrera flotante del Tarajal destrozada por completo mientras arrecian los temores a un nuevo asalto. En la ONU, el cobardón Sánchez escondiéndose como un crío temeroso para no acudir a la gala de bienvenida de Trump. En las calles de Nueva York, el pomposo Albares dando vergüenza ajena al autograbarse con el móvil como si fuese un influencer de quince años. Y en Madrid, la ministra portavoz poniéndose la toga para dictar sentencia.

Si se enroca en retrasar las elecciones y esto continúa pudriéndose, acabaremos viendo a Pedro y Begoña buscando votos en La Isla de las Tentaciones –Sánchez de islas sabe un rato–, a Óscar Puente y Óscar López ataviados con camisetas de Pol Pot y a Bolaños, Pumpido e Intxaurrondo encadenados a las puertas del Supremo en señal de protesta por parar la fábrica de votos del PSOE en América.