Otro Trampolín en la Puerta del Sol
Ya volvemos a lo de siempre, buscar el choque entre bloques para escurrir el bulto de la propia incompetencia y buscar un lamentable beneficio político
La gasolina está a dos euros el litro, la cesta de la compra ha subido un 41 %, el sueldo real es parecido al de hace veinte años y la vivienda está más cara y difícil que nunca: el metro cuadrado se ha disparado un 85 % desde 2018 y los alquileres un 50 % desde 2021, un periodo en el que se han registrado 272.000 desahucios, una media anual de más de 15.000 denuncias por «okupación» en sus distintas modalidades y apenas se ha promovido un 5 % de los 184.000 pisos prometidos, todos del Sareb, no mucho mejores que una chabola.
Si el contexto económico general es de galopante empobrecimiento, el particular de la vivienda es infernal: el Gobierno se ha dedicado a provocar la escasez de oferta, por incompetencia o con premeditación; para plantear otra lucha de bloques entre propietarios y aspirantes a inquilinos; a trasladar a los primeros las obligaciones sociales inherentes al Estado y a decirle a los segundos que la culpa es de ellos para desviar la atención de su propia inoperancia.
Ante un problema real, la falta de vivienda y lo que eso comporta en todos los órdenes vitales, Sánchez ha hecho lo de siempre: legislar como pollo sin cabeza un intervencionismo inútil que reduce la oferta, asusta al propietario y engorda la demanda; todo con un lenguaje bélico y frentista que otorga una falsa protección al desamparado: topar precios, proteger al okupa, regular «zonas tensionadas» y poner en solfa la seguridad jurídica solo ha servido para crear bandos enfrentados, pero no para solventar el problema.
Es más fácil fabricar un enemigo y quitarse de en medio que construir vivienda, pero solo lo segundo es útil: faltan 755.900 inmuebles, según el Banco de España, y no será por falta de suelo disponible para construirlas y, con ello, aumentar la oferta, incrementar las modalidades de precios más asumibles y atender la demanda de forma más razonable.
Nada de eso se ha hecho: el marco dibujado es el del enfrentamiento entre propietarios y aspirantes, calificando a los primeros de «rentistas», comparándolos con «fondos buitre» y asentando la peligrosa idea de que las carencias de unos españoles son consecuencia de los privilegios de los otros, entre los cuales, viendo sus declaraciones de bienes y patrimonio, figuran por cierto el propio Pedro Sánchez, medio Consejo de Ministros, la chillona Irene Montero y todas las Ana Belén que se compadecen mucho por Maricarmen, pero no lo suficiente como para cederle una de sus incontables viviendas.
Y así llegamos al nuevo 15-M, otra acampada en la Puerta del Sol en la que, con una causa tan justa como la necesidad de promover vivienda, se intenta fijar la idea de que la culpa es del dueño del piso de un desahuciado por orden judicial, y no del doble fracaso gubernamental a la hora de promover vivienda y de impulsar políticas sociales para que tengan un techo los que, de verdad, no pueden pagarse ni las opciones más baratas.
Echarle la culpa a los propietarios no solo es injusto, también es inútil: aminora su disposición a sacar sus inmuebles al mercado, por miedo al impago y a la posterior estigmatización; y anula la esperanza de potenciales inquilinos más modestos, que jamás podrán atender las garantías que el asustado arrendador impone para reducir sus riesgos.
Es decir, el intervencionismo regulatorio, sumado al discurso infantil del Sindicato de Inquilinos (que ni es sindicato ni representa a los inquilinos, pero se arroga una causa muy superior a sus consignas comunistas contra la propiedad privada), daña a los vulnerables, desplaza la responsabilidad del Gobierno al ciudadano, encarece la oferta y dispara la demanda, especialmente si a la vez se alimenta la inmigración irregular masiva y se la hace competir por un piso a los españoles con ingresos más ajustados, pero incapaces de vivir en comunas.
La demagogia desplegada con Maricarmen ha sido el disparo de salida de una vieja operación: la de enfrentar y enemistar bloques, que es la especialidad del incompetente Sánchez. Rojos y azules, empleados y empresarios, ricos y pobres, arrendadores y arrendatarios y ahora propietarios e inquilinos. Y lo hace un señor que tiene, junto a su procesada esposa, al menos seis viviendas, algunas de ellas compradas en origen con el dinero ganado por un suegro proxeneta.
No piquen: la vivienda en España depende de que haya más, no de quitársela a nadie ni de convertir la Puerta del Sol en una versión de la playa de El Trampolín.
