Los nietos y la funcionaria
Lo cuestionado por las dos decisiones del Supremo no es la ley. Es una directiva delirante: la que pone nombre a todos los previstos beneficiarios a los cuales la ley no enumera. Y dicta que, «por defecto», serán considerados exiliados políticos todos cuantos hubieran abandonado España entre 1936 y 1953. Es un disparate
Reinaba Alfonso XIII. Y la boutade de Romanones ante los diputados del Congreso dio en ser axioma del invencible cinismo político. O sea, de la política: «Hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos».
Invencible, en primer lugar, porque una ley existe materialmente sólo a través de sus protocolos de aplicación. En segundo, porque, mediante un bombardeo propagandístico adecuado, no hay ciudadano que pueda ya distinguir entre la intocable ley que aprueba un sagrado parlamento y la directiva de aplicación que redacta un no tan necesariamente sagrado funcionario (o funcionaria) de manguito. Al servicio, como corresponde, de aquel venerando jefe del cual cobra sueldo.
La llamada ley de nietos no puede ser invalidada por ningún tribunal de justicia, ni siquiera por el Supremo. Como no puede serlo ninguna ley. Y no lo ha sido. No existe magistrado lo suficientemente delirante para pretender eso, que sería una prevaricación de libro. Pero da igual: el bombardeo propagandístico del bello jefe de la funcionaria de manguito ha sido tal que lo que queda en la imaginación del ciudadano no versado en tecnicismos es eso: el Tribunal Supremo, vértice decisorio último de la justicia, habría tumbado –en su sala de Contencioso-Administrativo– una ley aprobada por el Parlamento español. En lo que sería, por tanto, una flagrante transgresión de la división de poderes.
Esa «evidencia» es la hoy exhibida como el más pesado argumento de Pedro Sánchez –y de su formidable máquina mediática– para intensificar su fuego granizado contra la autonomía de unos jueces, cuyo comportamiento él –con la cobertura de su formidable máquina mediática– insiste en presentar como golpista.
Es una estrategia hábil. Doblemente. Cosecha una bolsa de votos –la de quienes se perciben así maltratados en su legal derecho– y desprestigia, al tiempo, al único enemigo temible para estos gobernantes con un pie ya en el banquillo. Basta, para que esa trampa funcione, con generar la certeza de que el Supremo ha violado la potestad del parlamento. Lo realmente sucedido se vuelca en su inversión fantasmagórica. Y un presidente en trance de consumar su golpe contra las instituciones, puede acusar al Poder Judicial, al cual maltrata, de ser él quien estaría golpeando al indefenso Poder Legislativo. El golpeador pasa, así, a exhibirse como golpeado.
No, no es cierto. Es una mastodóntica mentira. Lo cuestionado por las dos decisiones del Supremo no es la ley. Es una directiva delirante: la que pone nombre a todos los previstos beneficiarios a los cuales la ley no enumera. Y dicta que, «por defecto», serán considerados exiliados políticos todos cuantos hubieran abandonado España entre 1936 y 1953. Es un disparate. Que apenas merecería argumentación. Los años cuarenta y cincuenta fueron tiempos económicos muy duros. Quienes pudieron buscarse la supervivencia en horizontes menos hoscos, lo hicieron. Y hubieron de sobrevivir en condiciones extremas. Fue una partida tan áspera como la de los exiliados políticos. Pero con reglas diferentes.
Las condiciones de los emigrados en busca de supervivencia fue una triste epopeya. Económica. No política. Ni más ni menos respetables fueron una que otra. Pero eran distintas. La ley que aprobó el Parlamento español hablaba de expatriación política. ¿Puede automáticamente ser aplicado eso «por defecto» a la económica? Con toda evidencia, no. Salvo que así lo decrete una funcionaria de manguito. Hermana de un ministro. Al servicio de un presidente.
Sí. Hagan ustedes las leyes que les dé la gana. Yo encargaré al servicio doméstico de elaborar y aplicar el reglamento que me plazca a mí. Y todos venerarán cuanto yo dicte carismáticamente a través de mis altavoces. Que para eso están tan bien financiados, ellos. A eso se llama política. En el siglo XXI.