¿Racismo? ¿Islamofobia?

Recientemente hemos conocido dos casos de marroquíes que abusaban de nuestros impuestos gracias a la complicidad activa de nuestras autoridades. La mujer con dos sobrinos que cobraba más de 4.000 euros al mes en Pamplona, y la familia del imán de prisiones con seis hijos que recibía 2.454 euros en Vitoria, privando al dueño de su única vivienda durante siete años. No son casos aislados, si no una muestra puntual de la traición que cometen nuestros gobernantes contra nosotros, y de la falsedad de que determinados inmigrantes vienen a aportar a nuestro país. En el País Vasco, un 40 % de perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos son extranjeros, en gran parte magrebíes, pero las cuantías que reciben podrían ser aún superiores a ese porcentaje porque muchos españoles son jubilados que sólo reciben un pequeño suplemento a su pensión. Norteafricanos, subsaharianos y paquistaníes copan los fraudes. En España, la mitad de los extranjeros receptores del Ingreso Mínimo Vital son marroquíes, casi 70.000. Cuando están empleados, sus trabajos no son cualificados, sus salarios son bajos, y sus cotizaciones mínimas, por lo que hay que complementar aquéllos con ayudas públicas por hijos y rentas mínimas. Sin embargo, en 2025 enviaron a Marruecos 1.589 millones de euros en remesas, gastando aquí lo imprescindible.

Aquellos seis hijos del imán Fissoun nacidos en España serán españoles por el derecho de opción cuando lleguen a la mayoría de edad o aún antes. Un tercio de los nacimientos de inmigrantes en España son de un progenitor marroquí, que igualmente accederán a nuestra nacionalidad. Los gravísimos disturbios y saqueos ocurridos en Barcelona estaban en gran medida protagonizados por magrebíes de segunda generación, ya españoles. Aunque iban embozados para ocultar su rostro, en varios ocasiones se les escuchaba gritar en árabe, otras veces respondían a entrevistas con la cara descubierta, y en algunos casos han subido vídeos a internet mostrando el rostro. Comercios destrozados, pequeñas tiendas de esforzados trabajadores saqueadas, mobiliario urbano quemado, agresiones a la Policía con piedras y bengalas. Ocurre en París, Lyon, Marsella, Limoges, … enarbolando banderas palestinas, argelinas y marroquíes, nunca francesas. Gritan «¡Nik la France!». También en Bruselas, Lisboa, Roma, Boloña, … Su delincuencia y violaciones se han adueñado de nuestro continente, viven en sus guetos marginales vidas paralelas, separados del resto de la sociedad occidental. Nos odian. Crecen con un resentimiento que alimentan generación tras generación contra europeos colonialistas, americanos imperialistas, judíos culpables de todas las guerras en el mundo, homosexuales, … En fin, contra todo lo que no sea ellos mismos, e incluso entre las muchas facciones irreconciliables de su islam. Luchan contra todo y contra todos en Siria, Líbano, Yemen, Sudán, Sudán del Sur, Nigeria, Congo, Nagorno Karabag, … Persiguen a cristianos, yazidíes, ahmadíes, imazigehn, azaríes, … Los musulmanes participan en más de un 60 % de las guerras en el mundo. En Gaza, potencias y organizaciones salafistas permitieron morir a sus compatriotas y correligionarios tras comenzar su enésima guerra contra Israel para incrementar el antisemitismo en el mundo. Ése era su objetivo y lo consiguieron por la ignorancia de todos aquellos ingenuos y desinformados a los que sacan a manifestarse periódicamente en Europa.

Nos han engañado cuando nos decían que en Ceuta viven pacíficamente cuatro culturas. La representación de hindúes y judíos es pequeña. Los musulmanes suponen casi el 50 %, y en 2016 el periodista Ignacio Cembrero ya advertía de la radicalización de las comunidades musulmanas en Ceuta y Melilla. En España, las operaciones antiyihadistas se desarrollan principalmente en esas dos ciudades y en Cataluña. La barriada del Príncipe es el gueto más peligroso de España: tráfico de armas y drogas, yihadismo, analfabetismo, 90 % de desempleo, todas sus casas construidas al margen de la ley, y miles de marroquíes sin censar. Su equivalente en Melilla es la cañada del Hidum o de la Muerte.

Las organizaciones que les representan en Europa no son mejores que su comportamiento individual. En una primera fase de la operación Wamor en España, detuvieron a más de diez personas de la familia de origen sirio Kutayni. Enviaban dinero, vehículos y material pesado a organizaciones terroristas filiales de Al Qaeda en Siria e Irak. El patriarca, Fares, había sido administrador de la mezquita Central de Madrid y era cuñado del presidente de la Comisión Islámica de España (CIE): Riay Tatary. Un hijo suyo estuvo diez años preso en Siria por un atentado terrorista hasta que compraron su liberación al Gobierno de Al Asad. Un hermano también era dirigente yihadista en la provincia de Idlib, y dos sobrinos murieron en combate. En 2021 detuvieron a otro presidente de la CIE y a su tesorero: Adlbi y Rohaibani, entre otros. Aunque quedaron sobradamente probados sus envíos de dinero a una madrasa en la que formaban a muyahidines huérfanos, la Audiencia Nacional les absolvió porque no pudo garantizar su intencionalidad subjetiva de financiar el terrorismo en circunstancias tan cambiantes como las de un país en guerra. El gobierno financia a la CIE cada año con más de 400.000 euros. Instituciones infiltradas por Marruecos como la Fundación Tres Culturas o el Foro Ibn Rushd destacan el diálogo, la convivencia, y el respeto mutuo, mientras ese país nos envía 80.000 invasores civiles y fragatas, y sus ministros reclaman la soberanía sobre nuestros territorios.

Debemos cambiar nuestras leyes para prescindir de una población antagónica cuya religión es incompatible con nuestro ordenamiento constitucional, y que altera gravemente nuestra convivencia en toda Europa. Solo un incalculable ‘poder blando’ respaldado por ingentes petrodólares es capaz de haber modelado nuestra percepción de la realidad durante décadas, y de frenar nuestra lógica y justa reacción. Las leyes garantistas que nos dimos cuando nuestra sociedad era homogénea ya no sirven. Nuestra legislación no se puede convertir en una trampa para nosotros porque nuestro enemigo en casa esgrima una libertad religiosa que ellos mismos repudian para el resto. Debemos suspender o no prorrogar la residencia legal de todos aquellos colectivos que comprometan nuestra seguridad, e impedir sus nacionalizaciones, incluso por nacimiento. Revisar todas las concedidas en los últimos años. Si no lo hacemos ahora por temor o indecisión, los conflictos civiles interétnicos crecerán y nos veremos abocados a nuestro colapso económico y social.