El Congreso contra la democracia

Ayer vivimos otro ataque frontal a la democracia. La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados derogó lo acordado por el pleno de la cámara en materia de vivienda. ¿Qué legitimidad democrática puede tener un hecho así? La verdadera composición de la cámara, la que decidieron los españoles en las urnas en 2023, decidió una cosa y la Diputación Permanente impuso ayer la contraria. ¿Quién tiene mayor legitimidad? ¿Puede la Diputación Permanente socavarla?

Todo en este procedimiento es irregular. Los decretos-leyes están para «caso de extraordinaria y urgente necesidad» según establece el artículo 86 de la Constitución. ¿Cómo va a ser de urgente necesidad algo sobre lo que se podía haber legislado en cualquier momento y no se hizo? Y una vez que no procede hacer un decreto ley sobre vivienda cuando están disueltas las Cortes, mucho menos corresponde a la Diputación Permanente votar sobre esa materia.

El problema ¿lo habrá creado Maricarmen que fue directiva de empresas inmobiliarias –pequeñas eso sí–? Hace falta tener mucha desvergüenza para seguir con la bandera de Maricarmen que fue una mala persona que se negaba a pagar la renta real de su casa y pretendía prorrogar los beneficios de sus padres a los que no tenía derecho. Una mujer que había tenido una larga vida laboral, pero que no había ahorrado dinero para algo tan elemental como la vivienda.

Ahora el gobierno impone por decreto ley al alquiler de viviendas unas condiciones económicas imposibles para quien legítimamente quiera recuperar la vivienda que tiene alquilada a un tercero. Porque por más que una eventual nueva mayoría se apresure a cambiar esta ley, todos los contratos que se fijen bajo su vigor mantendrán esos beneficios para los inquilinos. En pura teoría esos contratos se firman libremente bajo unas condiciones aceptadas por ambas partes.

Pero en el afán de hacernos trampas, siguen surgiendo ardides incontestables. El BOE publicó el pasado lunes el Real Decreto 954/2026 de 4 de noviembre en el que se aprueba el reglamento para la aplicación de la ley de 2006 del «Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior». Sorprende que urja hacer un reglamento para una ley que lleva veinte años sin él. Lo que más llama la atención es que se aprovecha para meter pagas a españoles residentes en el extranjero por todo tipo de motivos: carecer de ingresos suficientes, que los servicios sociales de los países donde residen no les atiendan convenientemente… es decir, unas pensiones del Reino de España sin haber tenido que cotizar un solo día en España. Vaya cualquiera de ustedes a la ventanilla del ministerio a pedir una paguita así y verá a dónde le manda el funcionario. Si esto no es una compra de votos, no sé qué puede serlo.

Como gusta decir Bieito Rubido, las ideas hay que repetirlas mucho hasta que se asientan en el común. Si nosotros somos capaces de ver la cantidad de trampas que nos están intentando hacer, ¿qué no pasará con lo que no sabemos? Llevo meses hablando de intento de fraude y cada día hay más pruebas de ello. Ayer ABC publicaba una detallada información sobre cómo el cónsul de España en Rosario, Argentina, tiene la plusmarca de nuevos españoles al amparo de la ley de nietos. Este hombre, Pablo Platas, es el que más españoles amparados por la ley de nietos ha conseguido. Y eso a pesar de que su ámbito de actuación es mucho más pequeño que el de otros consulados como Buenos Aires. Y de que en la capital de Argentina están destinados como cónsul y embajador dos notorios socialistas: José María Ridao y Joaquín Arístegui. Están dispuestos a hacer lo que sea por quedarse. La voluntad del pueblo español es irrelevante.