Bótox para la historia

Advertía Hannah Arendt que el mayor peligro para la historia es la sustitución sistemática de los hechos incómodos por una narrativa prefabricada hasta lograr que la realidad misma desaparezca. Este proceso es el síntoma inequívoco del impulso totalitario. Y esto es, ni más ni menos, lo que el Gobierno ha orquestado con su reciente exposición sobre la Constitución de 1978: un ejercicio de damnatio memoriae, un borrado institucional diseñado para falsificar el pasado a la medida del presente.

Caminar por esta exposición es asistir a una clase magistral de blanqueamiento político. El visitante descubre que la Transición fue un fenómeno de generación espontánea en el que la figura del Rey Juan Carlos I, sencillamente, no existió. Adolfo Suárez queda reducido a una nota a pie de página y expresidentes como Aznar o Rajoy han sido vaporizados al más puro estilo orwelliano. En su lugar, la figura de Pedro Sánchez irradia una omnipresencia tan desproporcionada que uno casi espera encontrar un epígrafe revelando que la Carta Magna fue redactada por él mismo en Doñana.

Pero donde la exposición abandona la simple megalomanía para adentrarse en la obscenidad moral es en la sala dedicada al terrorismo. Para resumir 40 años de plomo y casi 900 asesinatos, la muestra oficial del Estado utiliza la portada del diario Gara anunciando el cese de la violencia. El boletín oficial de los verdugos ha sido elevado a documento histórico, mientras el rostro de las víctimas, viudas y huérfanos, ha sido barrido bajo la alfombra para no incomodar a los socios parlamentarios que sostienen la mayoría gubernamental.

Un país que consiente el secuestro institucional de su memoria es una nación que se desarma para el futuro. Borrar a quienes forjaron nuestra libertad no es un simple peaje político; es una claudicación moral absoluta. Hoy, recordar la verdad se ha convertido en el primer y más sagrado deber de la sociedad civil.