Ministros en Canarias, olvido en Huelva

Resulta paradójico observar el despliegue de satisfacción gubernamental tras la evacuación del «barco del virus» en Tenerife. Si bien la logística funcionó, la gestión política sigue siendo temeraria: fue un error traer el navío a la isla sin realizar pruebas PCR previas al desembarque. A esto se suma la alarmante falta de responsabilidad individual de algunos tripulantes, que han despreciado un protocolo que, aunque bien diseñado, nace viciado por la falta de rigor en origen.

Pero mientras en Canarias sobran fotos, en Huelva falta Estado. Allí, dos guardias civiles han sido asesinados mientras cumplían con su deber, enfrentándose a narcotraficantes que lucran con el veneno que destruye nuestra sociedad. Lo ocurrido no es una estadística, es una tragedia evitable.

Es una infamia que la ministra Montero haya tenido la desvergüenza de calificar estos asesinatos como «accidentes laborales». Bajo esa lógica perversa, cabría preguntarse: ¿calificaría ella también como «accidente laboral» si un miembro del Consejo de Ministros falleciera de un infarto durante un viaje oficial pagado con dinero público y en compañía de prostitutas? La comparación es cruda, pero la equidistancia oficial lo es más.

Por su parte, el ministro Grande-Marlaska persiste en su desprecio al cuerpo: sigue negando la condición de «profesión de riesgo» a quienes dan la vida por nosotros, mientras mantiene desarticulada la unidad de élite contra el narcotráfico en el sur. Los ciudadanos observamos con horror cómo se envía a nuestros agentes al matadero sin medios, sin protección y, ahora, sin el respeto institucional de un gobierno que ni siquiera se atreve a dar la cara en sus funerales.

¿A qué tienen miedo? ¿A la mirada de las familias destrozadas o a que se vea la sangre en sus manos por la falta de recursos? Su ausencia es la confirmación de su cobardía.