Caso hidrocarburos: el fraude millonario que conecta a Aldama, Koldo y Ábalos y llega hasta Zapatero

El caso mascarillas es solo el principio del halo de presunta corrupción que rodea al Partido Socialista y que ha llegado a los tribunales. Con el juicio visto para sentencia, los tres protagonistas también están unidos por la trama de hidrocarburos que, aunque se investiga en una pieza separada, está unida al caso Koldo. El juez Santiago Pedraz instruye en la Audiencia Nacional un entramado cuya cabeza es la empresa Villafuel, que logró sustraer de las arcas públicas unos 182 millones de euros que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por un mecanismo de fraude de IVA y que ha terminado elevando hasta los 231 millones, tras la revisión de las cuentas desde el año 2021.

La trama se destapó a raíz de la investigación de los contratos de mascarillas, pero el magistrado Santiago Pedraz y los informes policiales han desgranado cómo Víctor de Aldama empleaba su acceso a varios Ministerios para dar cobertura a lo que sería una supuesta organización criminal. dedicada al impago del impuesto del valor añadido en la distribución de combustible en todo el territorio nacional.

El empresario Claudio Rivas es quien está en el centro de la operativa. El dueño de Villafuel habría operado comprando combustible para después venderlo en el mercado nacional y, en lugar de ingresar el dinero del IVA repercutido del cliente final a Hacienda, la entidad se quedaba con el impuesto. La querella inicial de la Fiscalía Anticorrupción se centraba entre los años 2022 y 2024, donde se constató una evasión de 182,5 millones de euros. Sin embargo, las pesquisas posteriores de la Guardia Civil revelarían que el presunto fraude funcionaba desde 2021, aumentando la cantidad hasta los 231 millonnes de euros.

Dando un paso más allá, para evitar ser descubiertos por los funcionarios, empleaban firmas pantalla para ocultar quién vendía realmente la gasolina. Más tarde, las empresas eran disueltas para borrar todo rastro posible. Según los investigadores, Villafuel sería solo una de la red que operaba en el sector y que, según la UCO, podría haber dejado un agujero cercano a los mil millones de euros en las arcas del Estado. Esta empresa habría obtenido de manera irregular, de acuerdo con las investigaciones, la licencia, pagando cerca de un millón de euros para «comprar voluntades» en el seno del Gobierno.

Para tejerse el fraude interempresarial, Rivas necesitaba escalar hasta la Moncloa. Así es como aparece Aldama, quien fuera presidente del Zamora C.F. Aprovechando su influencia en el Ministerio de Transportes a través de su relación con el titular de la cartera José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, habrían conseguido agilizar los trámites para la concesión de licencias a Villafuel. Para ello, necesitaban asaltar otros ministerios, como Industria y Transición Ecológica. La UCO sostenía que Koldo recibía, además de una larga lista de regalos, pagos de 10.000 euros mensuales en contraprestación por permitir a la organización incrustarse en la administración. También Ábalos, de quien los investigadores acreditaron que el dinero de las gasolineras sufragó, supuestamente, la compra de un chalé de lujo en La Alcaidesa (Cádiz). Desde Transición Ecológica se insiste en que no ha habido trato de favor a Villafuel, cuyo expediente tardó 600 días en resolverse —tres veces más de lo habitual—. Sin embargo, la investigación sugiere que es una cortina de humo, resultado de dificultades técnicas difíciles de sortear antes de que la empresa cumpliese formalmente con los requisitos después de una denegación inicial.

Además de Rivas y Aldama, la Justicia tiene en el punto de mira tanto a la empresaria Carmen Pano como a su hija Leonor González. Pano reconoció ante el Tribunal Supremo —en el juicio de la trama mascarillas— haber retirado 108.500 euros de una cuenta bancaria, de los que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE en la calle Ferraz (Madrid) en bolsas. González, quien permanece investigada por su papel logístico, corroboró el testimonio de su madre. Otro que está bajo la lupa de las investigaciones es Manuel Sallés, acusado de utilizar su empresa Instalíbero District S.L. para mantener a Koldo a sueldo.

Partiendo de Transportes, la trama se extendió a otras administraciones. Los miembros de la causa se habrían reunido en diciembre de 2020 y enero de 2021 con el que fuera jefe de gabinete de la ministra de Industria Reyes Maroto, así como con quien ostentaba el mismo puesto para el Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera. Esta tuvo que admitir ante el juez haber llamado y haberse encontrado con Koldo, pese a que haya intentado después desvincularse de la trama alegando normalidad administrativa.

Del mismo modo, aparece en los informes de la UCO el director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, quien habría ejercido como interlocutor de Aldama. También otro ministro se vio salpicado por la trama: Ángel Víctor Torres. El titular de la cartera de Política Territorial está vinculado con reuniones celebradas durante su etapa como presidente canario al haber tratado de hacer negocios que ahora están bajo la lupa.

Venezuela y los vínculos internacionales

Los agentes de la Guardia Civil, por su parte, han rastreado la distribución de 73,9 millones de euros en el extranjero, concretamente en Portugal, China y Colombia. También se han rastreado fajos de billetes en efectivo en el interior de una finca rural en la provincia de Toledo o el blanqueamiento de fondos por la adquisición de vehículos de alta gama, inmuebes residenciales en la capital o relojes de coleccionista.

La clave para destapar el entramado fue la intervención por parte de la Benemérita de los teléfonos móviles de los investigados, recabando cnversaciones con las que los agentes de la UCO estrecharon el cerco. Sin embargo, el fraude de hidrocarburos no se trataría solamente de una causa nacional. Los informes y el volcado de terminales presentan a Aldama como un intermediario entre Moncloa y Venezuela, con la figura del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero planeando como gran facilitador de las relaciones con el régimen de Nicolás Maduro.

El inicio de la conexión nace con la llegada de Aldama a Globalia para desatascar los cerca de 200 millones de dólares que Air Europa tendría atascados en Venezuela por los controles del cabmio de divisa. El conseguidor lograría un pacto con la por entonces segunda de Maduro Delcy Rodríguez, cuya presencia en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020 violó la legalidad internacional. Las investigaciones revelaron una conversación fluida entre Aldama y Delcy para la compra y transporte de 104 lingotes de oro de las reservas venezolanas con un valor de 68 millones de dólares por medio de una sociedad establecida en Emiratos Árabes Unidos. Zapatero, según un mensaje del empresario, estaría al tanto de la gestión y se encargaría supuestamente de hablar con el «uno», un término que la UCO ha asociado al presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

En el sumario también se ha acreditado la celebración de, al menos, una reunión en el hotel Santo Mauro entre Zapatero y Adama con representates de la trama para conseguir legitimación política. Los correos intervenidos muestran, asimismo, que Aldama buscaba tramitar las cartas de invitación oficiales de la embajada de Venezuela para que políticos españoles pudieran ir hasta Caracas como observadores internacionales de las fraudulentas elecciones.

El hilo directo sería través de la coporación estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), a través de la cual la trama recibiría cargamentos de crudo en Europa y saltándose las sanciones internacionales de Estados Unidos. De esta forma, el petróleo del país caribeño lograría alimentar el masivo fraude de IVA en las gasolineras españolas, generando los fondos con los que se financiaba el acelerado tren de vida de la trama.