La cadena que acorrala a Ábalos: cobro de comisiones ilegales, enchufes a prostitutas y el inmueble de Perú

José Luis Ábalos, ex mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afronta hoy su jornada más decisiva desde que estalló el caso que ha dinamitado su carrera política. Este miércoles, el Tribunal Supremo celebra una vistilla clave para revisar y, en su caso, endurecer las medidas cautelares que pesan sobre él, mientras la Fiscalía Anticorrupción, tal y como ha publicado El Debate, baraja solicitar su ingreso en prisión provisional.

El exministro está imputado por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación después de que la Guardia Civil haya aflorado un mapa completo de irregularidades que incluye el cobro de comisiones ilegales, enchufes a prostitutas, operaciones opacas en el extranjero y un inmueble a su nombre en Perú. Este periódico reconstruye la cadena de hechos que acorrala al que fuera titular de Transportes.

La pieza central del caso es el presunto cobro de comisiones ilegales en metálico. Todo arranca cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a principios de 2024 a Koldo García, asesor de Ábalos en el ministerio, y al empresario Víctor de Aldama.

Según la investigación, Soluciones de Gestión, la empresa utilizada para la adjudicación exprés del contrato de 53 millones de euros en pandemia, desvió parte del dinero público de Transportes hacia los bolsillos particulares de Ábalos y su mano derecha. En su declaración, Aldama confesó que entregó al exministro cuantías periódicas en efectivo y pagos menores a Koldo. Aunque ambos lo niegan, la UCO ha constatado, a través del volcado de sus dispositivos, que Ábalos manejaba con normalidad fajos de billetes y reclamaba dinero en metálico de forma recurrente, un modelo que los investigadores consideran incompatible con la actividad de un ministro.

A esta trama del dinero se suma un segundo engranaje igual de comprometedor, que es la relación de Ábalos con un listado de constructoras con las que supuestamente habría pactado adjudicaciones a cambio del cobro de mordidas. Aldama entregó al Supremo una relación de empresas con obras estratégicas en puertos, carreteras y ferrocarril que, presuntamente, podrían haber sido canalizadas para favorecer pagos ilícitos. En ese paquete documental se incluye también la operación de un piso de dos millones de euros ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid, un inmueble cuyo contrato, según Anticorrupción, Ábalos firmó gracias a gestiones de la trama y que figura como contraprestación encubierta por parte de la red.

Otra pieza nuclear es el enchufe de prostitutas en organismos públicos bajo el paraguas del ministerio de Transportes. La Fiscalía sostiene que Ábalos obtuvo favores sexuales de varias mujeres a las que, posteriormente, colocó en puestos administrativos de empresas públicas.

El caso más conocido es el de Jéssica Rodríguez, contratada en Ineco y después en Tragsa, pese a no cumplir los méritos ordinarios. En la causa figuran al menos dos nombres más: una trabajadora incorporada en Logirail y otra en Puertos del Estado, ambas recomendadas por el exministro. Para la UCO, estas contrataciones no solo eran una contraprestación personal, sino también parte de un sistema clientelar que reforzaba la estructura de poder de Ábalos dentro del Gobierno.

El episodio más turbio se produjo el día en que la Guardia Civil registró la vivienda del exministro el pasado mes de junio. Cuando los agentes irrumpieron, Ábalos se encontraba acompañado de una mujer que se anunciaba públicamente como prostituta. Durante el registro, según los investigadores, trató de ocultar un pendrive con información sensible pidiéndole que lo escondiera en su ropa interior. El dispositivo fue finalmente intervenido y en él se localizaron conversaciones de WhatsApp con el propio Sánchez. En esos mensajes se evidencia que el presidente mantuvo contacto directo y fluido con Ábalos, incluso cuando la investigación policial ya estaba en curso.

A este entramado se suma el episodio del rescate de Air Europa. La Guardia Civil ha acreditado que el exministro intervino en la operación para acelerar la aprobación del salvavidas financiero y que a cambio obtuvo un verano gratis en Villa Parra, un complejo de lujo en Marbella. La UCO considera que Ábalos utilizaba su cargo para favorecer intereses privados mientras recibía contraprestaciones opacas en forma de viajes o pagos en metálico. También figura en la investigación la operación por la que la trama compró un chalé para Ábalos en la urbanización de La Alcaidesa, en Cádiz. La vivienda fue adquirida a través de terceras personas que figuran imputadas en el denominado caso Hidrocarburos, una investigación paralela sobre una red dedicada al amaño de contratos de carburantes en puertos del Estado.

El capítulo final que más inquieta a la Fiscalía es el de las conexiones internacionales, elemento clave para valorar un hipotético riesgo de fuga. Como desveló El Debate, el exministro tiene a su nombre un inmueble en la ciudad peruana de Chimbote cuya existencia ocultó al Tribunal Supremo.

A ello se suma Fiadelso, la ONG a través de la cual la UCO cree que se camuflaron pagos y actividades opacas en Hispanoamérica, que continúa operativa. Y en paralelo, los investigadores han acreditado que su hijo, Víctor Manuel Ábalos Aguado, tenía activa en Colombia una empresa desde la que envió transferencias bancarias periódicas a su padre. Esas operaciones fueron detectadas en los dispositivos intervenidos y forman parte del análisis patrimonial de la Guardia Civil.