Laura Díez será la ponente en el conflicto de atribuciones del Senado contra el Gobierno por la falta de Presupuestos

El pasado 17 de octubre, el Partido Popular en el Senado presentó ante el Tribunal Constitucional un conflicto contra el Gobierno de Pedro Sánchez por incumplir, durante casi cuatro años, la presentación de Presupuestos Generales del Estado, tal y como le obliga la Constitución. Lo hacían los populares alegando que el Ejecutivo ha distorsionado «por completo» la figura de la prórroga y llevando a nuestro país a incurrir en una «una anomalía absoluta en el funcionamiento de los Poderes Públicos», inédita hasta la fecha.

La encargada de redactar la propuesta de admisión, primero, y la resolución, después, en la Corte de Garantías será la magistrada izquierdista Laura Díaz, según ha podido confirmar El Debate.

Si bien por el momento, la cuestión se encuentra en un trámite preliminar para ser informada por los letrados del TC, en las próximas semanas la Corte de Garantías tendrá que pronunciarse, oficialmente, sobre si el Gobierno «ha vulnerado la atribución constitucional» del Senado para participar de la aprobación de los PGE, así como para modificarlos y para controlar la acción del Gobierno por «no presentar este proyecto de ley y por el abuso que se está haciendo de la prórroga presupuestaria», como piden los populares.

Pero, también, se trata de que el TC declare la inconstitucionalidad y nulidad de las prórrogas de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, producidas el 1 de enero de 2024, 2025 y, en su caso, del 2026.

Cabe recordar que el Pleno del Senado ya aprobó, hace dos meses, el procedimiento previsto para este tipo de discrepancias y que la Cámara Alta lo adoptó como suyo, con el objetivo de remitirlo al Gobierno para que se pronunciase al respecto. Sin embargo, transcurrido un mes para que se diese una respuesta oficial, el Ejecutivo ha preferido guardar silencio y dar el proceso por sustanciado, con lo que ello conlleva. Sin que, hasta la fecha, Pedro Sánchez y los suyos hayan cumplido con sus promesas sobre los PGE.

Desde que el TC empezó su andadura, en democracia, y hasta el 2024 se habían registrado cinco conflictos de atribuciones, sólo en dicho año se registraron dos más que han ascendido hasta los 11 entre 2025 y lo que llevamos de 2026. Es decir, en los dos últimos años, España va camino de triplicar las discrepancias institucionales frente al histórico de los cuarenta años anteriores.