La exmujer de Koldo y un asesor de hidrocarburos contradicen a la UCO y plantean cuatro errores en la investigación

La cita judicial del 'caso mascarillas' en el Supremo empezaba, este lunes, en el mismo punto en el que terminó, el pasado jueves: con las 'amigas' del ex ministro Ábalos, los sobres del PSOE con dinero en efectivo, los viajes y las casas presuntamente pagadas por la trama como núcleo de los interrogatorios. Sin embargo, en esta ocasión –frente a la abundante información prestada durante la primera semana– las declaraciones se han reducido, en esencia, por la doble condición de imputados que afectaba a la mayoría de los testigos citados por el Alto Tribunal.

Así las cosas, el socio de Aldama, Claudio Rivas; el empresario Israel Pilar Ortiz, a quien se apunta como el acceso que conectó a la trama con los fondos públicos; o Javier Serrano Costumero, alias Javoto o Hype, quien protagonizó uno de los momentos más tensos de la jornada (tras negarse no sólo a contestar cualquiera de las preguntas sino, además, a ratificar su propia declaración previa ante el juez instructor Leopoldo Puente) complicaron con sus silencios la labor de los abogados de las acusaciones populares, representadas por el PP, y de la mismísima Fiscalía Anticorrupción.

Los mensajes «descontextualizados»

Por el contrario sí tuvo ocasión de colaborar el experto inmobiliario Manuel Pérez Vilariño, quien reconoció abiertamente su amistad con el hijo mayor de José Luis Ábalos, Víctor, a partir del trato que inicialmente tuvo con el ex ministro. Pérez negó, a preguntas de las acusaciones, que la conversación incorporada por la Unidad Central Operativa (UCO) en el sumario, en la que Koldo le agradece sus gestiones sobre una vivienda, tuviese algo que ver con el chalet de La Alcaidesa (Cádiz) que de acuerdo con la versión prestada por la empresaria Carmen Pano, la semana pasada, fue un pago en especie de la trama de los hidrocarburos.

Al contrario, el testigo insistió en todo momento en que dicho intercambio de whatsapps se refería a la solicitud de ayuda que Koldo le trasladó para localizar una vivienda vacacional, para él y su familia, en Marbella.

Lo que, a ojos de la defensa, ejercida por la abogada Leticia de la Hoz, sirvió para poner de manifiesto el uso «descontextualizado» de los mensajes incautados por los agentes en los móviles de su cliente a los que, una vez más, denunciaba que todavía «no han tenido acceso». El literal de dicha conversación completa, de hecho, ya había sido aportado por el anterior letrado de Koldo, Carlos Bautista, en el mismo sentido de desacreditar las evidencias incriminatorias contra éste, como documento número 3, acontecimiento número 17 de la fase de instrucción:

Ni viaje a Canarias, ni foto con la trama

El segundo testigo en discordia con las conclusiones de la instrucción judicial, al hilo de las afirmaciones de los agentes de la Guardia Civil asignados al caso, era Manuel Salles Carceller, el ex asesor de la trama de los hidrocarburos, imputado en el Instrucción Central número 5 de la Audiencia Nacional, bajo la dirección del magistrado Santiago Pedraz.

En su caso, Salles aseguró que tras darse cuenta de las maniobras del empresario Claudio Rivas, propietario de Villafuel –una de las sociedades beneficiadas con las licencias de mayorista de combustible 'agilizadas' por Ábalos y Koldo– denunció lo que estaba sucediendo a la Fiscalía. Rivas «fanfarroneaba» sobre los contactos que tenía en el Ministerio de Transportes y cómo sus empresas iban a conseguir los permisos de una forma rápida, algo que al testigo le pareció «muy injusto».

Como, también, el hecho de que la UCO diese por buenas dos afirmaciones sobre él que en realidad, a su juicio, fueron errores manifiestos en el marco de la investigación: el primero que, en contra de lo asegurado por el comisionista y confidente Víctor de Aldama, Salles «nunca» ha viajado a Canarias, ni a ningún otro destino con Koldo. Algo que contradice la declaración en la que Aldama aseguró «ése señor se dedica al tema de hidrocarburos, también, y que empieza a hacer negocios» con el ex asesor de Ábalos, tras su salida del Ministerio.

«Yo a este señor nunca le he conocido ni le he visto. Sé que se juntó con Koldo porque sé que han viajado a Venezuela. Hay gente mía en Venezuela, me lo han dicho. Sé que han viajado a México...», aseguró Aldama.

En segundo lugar, Salles Carceller aprovechaba su presencia en el Supremo para denunciar que la UCO le había identificado en uno de sus informes, en una imagen al lado del empresario Claudio Rivas, cuando quien acompañaba a Rivas no era él, sino el chófer de la empresaria Carmen Pano, Álvaro Gallego, quien declaró la semana pasada en el Supremo haber visto los «tacos de billetes» de 50 y 100 euros que Pano llevó, en una de las dos ocasiones confesadas por ella misma, a la sede socialista de Ferraz.

Los agentes incluyeron en uno de los atestados entregados al juez Leopoldo Puente un documento gráfico en el que, si bien era Gallego quien acompañaba a Rivas, identificaron por error a Salles. Una confusión que servía a la letrada de Koldo, Leticia de la Hoz, para poner en cuestión la certeza de algunas de las valoraciones policiales incorporadas a la causa. «¿Quiere usted decir que la UCO ha estado dos años investigándole como sospechoso por una fotografía en la que no aparece?», preguntaba la abogada.

El 'no' incremento patrimonial de Koldo

Tampoco se privó de poner en cuarentena la investigación la ex mujer de Koldo García Izaguirre, Patrícia Úriz, que también fue detenida durante la 'Operación Delorme', en el marco de este procedimiento, en febrero de 2024. Úriz, que llegó al Supremo enfundada en una llamativa peluca y prominentes gafas de sol, anunciaba que sólo contestaría a las preguntas de su abogada, la letrada Leticia de la Hoz.

Una ocasión que aprovechó para poner de manifiesto no sólo su ceguera parcial sobre algunas de las cuestiones planteadas, al «no poder acceder a los dispositivos» móviles, insistiendo en la tesis de que ni ella, ni su expareja, pueden defenderse porque no han tenido acceso a los teléfonos que se les incautaron, sino sus abiertas discrepancias con los informes en los que la UCO le atribuye a la ex pareja un importante incremento patrimonial –cifrado en cerca de 1,5 millones de euros–durante los años en los que Koldo fue asesor ministerial.

En contra de la tesis sostenida por los agentes, Úriz aseguró que todos los inmuebles, urbanos y rústicos, que afloraron las pesquisas policiales, fueron adquiridos con sus correspondientes préstamos hipotecarios. Algunos, como los atribuidos al hermano de Koldo, Joseba, con créditos de más del 85% del valor del inmueble. Un detalle que, según su criterio, no fue reflejado por los agentes y que modifica, sustancialmente, las sospechas de posible enriquecimiento ilícito que pesan sobre ella y el que fuera su compañero, padre de su hija en común.

De hecho, en este último sentido, Patricia explicó, en el salón de plenos de la Sala Segunda de lo Penal, las razones que llevaron a Koldo a poner a la menor como propietaria en las escrituras de una de las viviendas, en Benidorm, que aparecen señaladas en el marco de la instrucción: que la misma no entrase en el conjunto de bienes a repartir, en una futura herencia, con el otro hijo que el ex socialista tenía de una relación anterior. En concreto, este piso, señalado por los agentes de la Guardia Civil como «libre de cargas», la testigo asegura que fue adquirido gracias a la hipoteca constituida sobre otra propiedad procedente de su etapa de 'soltera', comprada en 2005, y en consecuencia anterior a la pareja.