España o la costumbre de la ruina

Los pueblos rara vez se precipitan al abismo entre clarines y tambores. Más bien se deslizan hacia él con la lentitud implacable del óxido sobre el acero, hasta que la podredumbre termina por confundirse con el paisaje y la desvergüenza con la normalidad. Así se extinguió la Restauración borbónica. No sucumbió únicamente por el golpe de Primo de Rivera en 1923, sino por un desgaste prolongado de su legitimidad. Durante décadas, el caciquismo, los pucherazos, el clientelismo y la confusión persistente entre partido, oligarquía y Estado vaciaron de contenido un sistema que conservaba las formas constitucionales, pero había perdido la sustancia moral que justifica toda arquitectura institucional.

Conviene no olvidar aquella lección histórica. Porque la España de hoy, salvadas todas las distancias y matices, empieza a mostrar síntomas que, al menos, deberían incomodar a cualquier observador riguroso. No hay pistoleros en las esquinas, ni pronunciamientos militares, ni fraude electoral sistemático. Pero sí se acumulan señales de otra naturaleza: el descrédito progresivo de las instituciones, la percepción creciente de colonización partidista de organismos que deberían ser neutrales, la degradación del debate público y la extensión de una sensación incómoda de que la conservación del poder puede llegar, en ocasiones, a imponerse sobre la preservación del interés general.

En ese contexto, el debate político y judicial ha quedado atravesado por investigaciones que afectan al Partido Socialista Obrero Español, por procedimientos en curso relativos a presuntos casos de corrupción, así como por informaciones que alcanzan al entorno político y familiar del presidente del g

obierno. A ello se suman controversias que han salpicado en distintos momentos a figuras como José Luis Rodríguez Zapatero, en un clima general de creciente judicialización de la vida pública.

La presunción de inocencia es un principio esencial del Estado de derecho. Pero la responsabilidad política pertenece a un orden distinto, más exigente en términos de ejemplaridad. No se activa únicamente con sentencias firmes, sino también con la percepción de confianza que sostiene la legitimidad institucional. En democracias con estándares consolidados de rendición de cuentas, la acumulación de sombras políticas de relevancia suele desembocar en dimisiones o en convocatorias anticipadas de elecciones; no como respuesta penal, sino como mecanismo de restauración de la confianza pública.

En ese sentido, el caso español reciente presenta una singularidad evidente. Pedro Sánchez ha elevado la permanencia en el poder a eje estructural de su etapa política, convirtiendo la resistencia en el cargo en una forma de método de gobierno. La aritmética parlamentaria ha ido ocupando un espacio que tradicionalmente corresponde al juicio sobre la calidad del ejercicio del poder, como si la mera continuidad política pudiera sustituir, por sí sola, el debate sobre la ejemplaridad institucional.

Pero sería intelectualmente incompleto atribuir el diagnóstico a un solo actor. La oposición ha hecho del desgaste inmediato su principal horizonte; una parte del ecosistema mediático ha sustituido la distancia crítica por la lógica de la trinchera; y la ciudadanía oscila entre la indignación y la resignación, normalizando dinámicas que, en otros contextos democráticos, activarían una exigencia mucho más inmediata de responsabilidades políticas.

Las naciones no comienzan a decaer cuando emergen dirigentes sin escrúpulos, sino cuando la sociedad deja de exigir escrúpulos a quienes la gobiernan y a sí misma. Y cuando la exigencia pública pierde eficacia, la decadencia deja de ser una amenaza histórica para convertirse, lentamente, en una forma estable de funcionamiento