Asco

Lo que estamos viviendo en España en estas últimas semanas supera lo que cualquier demócrata debería estar dispuesto a tolerar. No hablo de discrepancias ideológicas normales entre partidos, sino de algo cualitativamente distinto: la colonización sistemática de las instituciones del Estado, el cuestionamiento de la separación de poderes y, según informaciones judiciales en curso, la presunta utilización de estructuras del Estado para presionar a funcionarios –jueces, fiscales, policías, guardias civiles– que no se alinean con el gobierno. Si estas acusaciones se confirman, estaríamos ante una degradación institucional sin precedentes en nuestra democracia.

Y los escándalos no remiten. Al contrario: cada semana trae revelaciones más graves que las de la semana anterior. Es difícil mantener la ecuanimidad ante esa acumulación.

Pero sería deshonesto cargar toda la responsabilidad sobre el PSOE. El bipartidismo que nos ha gobernado durante medio siglo tiene mucho que responder. El PP, cuando dispuso de mayoría absoluta bajo Rajoy, tuvo la oportunidad de reformar en profundidad las instituciones y no lo hizo. La operación Kitchen no fue una anomalía menor: fue una señal temprana de que la tentación de utilizar el Estado en beneficio propio no es patrimonio de un solo partido.

El deterioro acumulado nos ha traído hasta aquí. Y la pregunta que muchos españoles se hacen hoy no es ideológica, sino mucho más básica: ¿es posible celebrar unas elecciones generales en condiciones de limpieza y neutralidad institucional? La respuesta a esa pregunta determinará si seguimos siendo una democracia funcional o si hemos tomado un camino del que es muy difícil volver.

La esperanza, por ahora, reside en que una parte de la judicatura mantenga su independencia. Es poco, pero es lo que hay.