Tres años ya

En el verano de 2023, aun albergábamos dudas de que una investidura construida sobre el fraude llegara a ser real.

Eran varios los fraudes en que se apoyaba la escalada del PSOE al Gobierno después de perder las elecciones. El primero, el fraude electoral pues el pacto de investidura se apoyaba en lo contrario al programa electoral con el que se presentó el PSOE a las elecciones. Cierto que ahí no había novedad, que en todas las convocatorias electorales el PSOE se presenta como una marca blanca: lo importante es que acudan sus adeptos a votar la marca, todo lo que luego haga el PSOE solo incumbe al PSOE. El voto al PSOE es una página en blanco. Sus votantes se adaptan a las nuevas y sorpresivas ocurrencias, aunque tengan que retorcer sus mentes y abjurar de sus creencias.

Pero sobre todo se aupó en un doble fraude constitucional. El primero, que ningún proyecto común para España reunía a sus aliados sino promesas de impunidad.

El segundo, que una de esas promesas, la amnistía, era contraria a la Constitución por una razón muy sencilla: la Constitución no la nombraba en ningún momento. Y el Código Penal no la enumeraba entre las causas de extinción de la responsabilidad penal.

En un doloroso, para los demócratas, ejercicio de hipocresía, el otrora respetado garante de la Constitución esgrimió patéticos argumentos para sostener la constitucionalidad del pacto que dió al PSOE el Gobierno. Patetismo ajurídico solo superado por un Tribunal de Justicia de la Unión Europea que omite responder a las cuestiones que se le planteaban para concluir que está todo fenomenal por la reconciliación.

Al dia siguiente, Puigdemont y sus colegas, presentaron un escrito ante la Comisión Europea para que se imponga la amnistía prometida y puedan volver para volverlo a hacer. La verdad, supuran más rencor que espíritu conciliador.

Este Gobierno empezó su andadura hace tres años echando un pulso al Poder Judicial y va camino de terminarla del mismo modo, además de colapsar los juzgados con los imputados familiares, de partido y allegados.

Un Gobierno no debe gobernar contra los jueces, contra el legislativo y apoyado en parte de la sociedad subvencionada con el dinero de todos. Un Gobierno debe gobernar para todos, no para los suyos. Presume el PSOE de gobernar «para la mayoría», o sea, contra todos los demás.

Un Gobierno de confrontación impide avanzar. Y así llevamos ocho años en que el Gobierno se ha centrado en sí mismo y ha abandonado su autentica labor de gobernar, limitándose a ideologizar.