El riesgo de pucherazo electoral es gravísimo

El 29 de Noviembre se van a celebrar unas elecciones generales en unas circunstancias muy excepcionales en democracia. No voy aventurar, ni especular, solo reproducir informaciones veraces:

La primera, la Abogacía del Estado comunica al Tribunal Supremo que no va a cumplir las medidas cautelares, y acordadas, respecto a la ley de nietos porque «los servicios jurídicos ven imposible distinguir antes del 29-N a los beneficiados por la instrucción de Sofía Puente». Es un incumplimiento flagrante de una resolución judicial firme que podría ser constitutivo de infracción penal. Y, lo que es peor, afecta a 163.020 votos potenciales, repartidos en provincias claves que pueden desvirtuar y modificar el resultado electoral, sin garantías de transparencia ni legalidad.

En segundo lugar, el voto por correo. Ya sabemos quienes eran las personas responsables en las elecciones de julio del 2023. Sin más comentarios adicionales. Es un hecho histórico, no un bulo. El voto por correo es tan válido como el presencial pero la sombra oscura de la duda preexiste.

Y en tercer lugar, no menos grave que las anteriores, y a pesar de los «indicios», el juez que investiga a las cloacas, descarta citar ni imputar al PSOE, como persona jurídica presuntamente responsable penalmente. Con todos los debidos respetos, esto implica que se va a ir a elecciones, sin que el pueblo pueda tener conocimiento claro de una gravísima, aunque «presunta» implicación en una trama corrupta de proporciones jamás contempladas, incluyendo lo de atentar contra la integridad física de una juez instructora, miembro del Poder Judicial, en el ejercicio constitucional de sus funciones jurisdiccionales. ¡Hasta la misma Fiscalía Anticorrupción reconoce la existencia de tales indicios! Cito, en este sentido, el propio informe remitido al juzgado instructor:

«Ferraz habría puesto a disposición de la organización criminal su infraestructura logística principalmente financiando sus actividades a través de sociedades interpuestas». Pero, es «prematura», la imputación, antes del 29 N.

¿Qué decir? Son hechos, no opiniones.