Españoles de ley

El Supremo ha resuelto mantener la suspensión de las nacionalizaciones amparadas por la instrucción de Sofía Puente.

¿Quiere el Supremo dejar sin ejercer el derecho al voto a quienes han adquirido la nacionalidad española conforme a la Ley de Nietos?

No. La Administración del Estado dice que es «materialmente imposible» separar del grupo de nacionalizados a quienes acreditaron ser hijos o nietos de exiliados y a quienes no lo acreditaron.

¿ Significa esto que hay españoles que no podrán votar?

No. El Tribunal Supremo recuerda que quienes aporten prueba de ser hijos o nietos de exiliados, serán españoles conforme a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y podrán votar.

¿Qué pueden hacer entonces los que no pueden acreditar el exilio y creyeron que iban a ser españoles sin ese requisito probatorio? O sea, aquellos que colgaban bajo la instrucción Puente pero no bajo la ley. Pues podrán pedir indemnización a esa Administración del Estado que ha armado este zapatoste.

Y la persona que redactó y firmó esa instrucción ¿ha incurrido en alguna responsabilidad? La Fiscalía dice que no pero aun está la pelota en el tejado.

Y todo esto del Supremo ¿ es recurrible ante el Constitucional ?

No. Porque es una cuestión de legalidad ordinaria y ahí el más alto tribunal es el Supremo.

¿Podrían incurrir en responsabilidad los cónsules? Bueno, ellos preguntaron cómo actuar y la respuesta fue la ilegal instrucción. Ahora sí han sido apercibidos por el Supremo para que certifiquen quien sí es español conforme a la ley y quién no «bajo su personal responsabilidad».

Hará bien el gobierno en ponerse a la tarea de conseguir un censo limpio y dejarse de pulsos entre las instituciones.