La violencia no se absuelve por su ideología

El auge de la extrema derecha ocupa un lugar destacado en las advertencias sobre el futuro de Europa. Esa preocupación resulta legítima, pero pierde credibilidad cuando se acompaña de indulgencia hacia la violencia de extrema izquierda.

Invocar el antifascismo o la justicia social no concede derecho alguno a agredir, intimidar o impedir que otros se expresen. Ninguna causa convierte a sus militantes en propietarios de la calle ni les permite decidir quién puede celebrar un acto o impartir una conferencia.

Manifestarse y criticar son derechos. Amenazar y silenciar por la fuerza vulnera los derechos ajenos. La frontera debe establecerse por los hechos, con independencia de las consignas. Llamar «resistencia» a una intimidación no cambia su naturaleza.

La izquierda democrática debe condenar sin ambigüedades la violencia ejercida en su nombre, igual que debe hacerlo la derecha con la propia. Y periodistas e instituciones deben aplicar criterios que no cambien según la identidad del agresor o de la víctima.

Reconocer el peligro de la extrema derecha no obliga a minimizar el extremismo de izquierda. La defensa de la libertad se demuestra cuando alcanza también a quienes nos incomodan. Europa necesita una cultura democrática capaz de condenar una agresión antes de preguntar a quién vota el agredido.