La cobardía de no dar la cara

Bajo la coartada de la protesta legítima, el anonimato se ha instalado como un salvoconducto para la impunidad. Ya provenga de la extrema izquierda, de grupos ultras o de radicales urbanos de cualquier signo, la normalización del rostro tapado y la capucha en manifestaciones y algaradas constituye una anomalía democrática difícilmente justificable.

No estamos ante una mera cuestión estética o de vestimenta, sino ante un problema sociológico de primer orden: la desindividualización. Cuando el rostro desaparece, también se debilita la responsabilidad moral y jurídica. El ciudadano deja paso a la masa, y la masa tiende con más facilidad a la agresión, la coacción, la intimidación o el vandalismo.

La paradoja es evidente: aceptamos controles, cámaras e identificaciones para casi cualquier trámite cotidiano mientras toleramos que algunos ocupen las calles ocultando deliberadamente quiénes son. Sin rostro no hay reconocimiento mutuo, y sin reconocimiento mutuo la convivencia democrática se deteriora.

Ha llegado el momento de legislar con claridad. Quien quiera manifestarse tiene todo el derecho a hacerlo. Pero quien decide intervenir en el espacio público para presionar, desafiar o confrontar a otros ciudadanos debe hacerlo a rostro descubierto. La democracia no puede proteger a quien se esconde tras una capucha para desafiarla.

El encapuchamiento deliberado en contextos de confrontación debería ser sancionado específicamente por ley y convertirse en un agravante de cualquier conducta violenta o vandálica.

La libertad exige valentía. Y la democracia, antes que nada, exige dar la cara.