Feijóo retrata a Sánchez: o hay acuerdo decente o seguirá el bloqueo
Es saludable que Gobierno y oposición dialoguen, pero el PP debe resistirse a cualquier acuerdo si ello comporta el asalto definitivo del Gobierno a la Justicia
La reunión de urgencia entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para desbloquear la parálisis del Poder Judicial, convocada por el primero sin contar apenas con el segundo y saltándose al Parlamento, ofrece una oportunidad al consenso, sin duda, pero terminó rodeada de demasiados interrogantes como para lanzar campana alguna al vuelo.
Es positivo que el Gobierno acepte la necesidad de dialogar con la oposición, en cualquier asunto relevante pero especialmente en aquellos que legalmente requieren de una mayoría que solo puede sumarse entre ambos, pero es desasosegante que al menos en apariencia no se mueva de su infame posición.
Que no es otra, conviene recordarlo, que la de colonizar el CGPJ y el Tribunal Constitucional para adaptarlo a sus necesidades. Esto no es una simple conjetura, sino la conclusión inapelable de todo lo que Sánchez ha hecho en este ámbito desde que llegó a la Moncloa.
Primero sometió a la Abogacía del Estado; después invadió la Fiscalía General con la obscena designación de una ministra de su Gabinete; más tarde intentó cambiar la mayoría necesaria para renovar el Consejo; a continuación lo paralizó para conseguir su rendición y, por último, impulso una ley para facilitar el abordaje del Tribunal Constitucional con la designación unilateral de vocales propios en el órgano.
Los antecedentes no solo son peligrosos, sino también indiciarios de unos planes que no han decaído tras la reunión entre ambos dirigentes: la premeditada inconcreción del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, incapaz de aclarar si se iba a cambiar la ley de conformación del Poder Judicial para aumentar el control de los magistrados en detrimento de la política o si podía haber acuerdo en la designación de los vocales con el sistema antiguo, lo dice todo. Por no hablar de su presencia en la reunión en lugar de la ministra de Justicia, que en pura lógica es quien se debería ocupar de esto. Pero la asistencia de Bolaños prueba que para Sánchez éste no es un problema de tener una Justicia limpia, sino de cómo controlar la Justicia.
El plan de Sánchez es el mismo, pues: agotar a Feijóo y rendir al Poder Judicial, tarea en la que Carlos Lesmes ha ayudado con una dimisión que equipara en responsabilidad al PSOE y al PP, pese a que solo es achacable el entuerto al primero.
El PP acierta en exhibir su vocación de acuerdo, tan evidente como negada por la potente maquinaria de exaltación gubernamental, pero es fundamental que eso no comporte concesión alguna que no respete el dictado del sentido común y las directrices de Europa, resumidas en una máxima: la Justicia ha de ser independiente y eso es imposible con una intromisión constante del Gobierno, por razones desconocidas pero con seguridad perversas.
Feijóo ya ha cumplido con su obligación institucional de atender un llamamiento del presidente, que nunca podrá alegar de nuevo que es imposible la negociación con el principal partido de la oposición. Y acertará aún más si, junto a esa actitud, se consolida el veto a los desmanes de Sánchez y se insiste en la necesidad de mejorar la autonomía de la Justicia como poder definitorio de una democracia sana.
Ojalá el Gobierno acepte ese precepto, defendido por Europa en otros países como Hungría o Polonia donde se perciben amenazas menos contundentes que en España.
Pero si no es así, Feijóo tiene la ineludible obligación constitucional de resistirse a cualquier apaño y la responsabilidad de defender una Justicia independiente y sin ataduras políticas de nadie.
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