El peligro de querer tocar las urnas
La explotación espuria de los recursos del Estado avala la sospecha más preocupante para una democracia: la salvaguarda de sus procesos electorales
La perversa utilización del CIS, a cuyo frente está un histórico dirigente del PSOE elegido para esa indigna misión, pone en duda el respeto a las normas más elementales de la propia democracia, que se intenta alterar mediando de manera artera en la opinión pública para condicionar su voto libre.
La sociología es clara a la hora de analizar los mecanismos de inducción al voto, y la difusión de encuestas falsas con resultados favorables a Sánchez, en contra de todos los sondeos profesionales, es uno de los más claros: el votante tiende a inclinarse por el ganador, en detrimento de otras opciones incluso de sus mismas creencias políticas, cuando esa es la idea que se le repite machaconamente.
Que una institución pública, consagrada al estudio de las tendencias de los españoles, se dedique a reforzar la maquinaria propagandística del Gobierno, de la que forman parte también RTVE y los Presupuestos Generales del Estado más clientelares de la historia, es gravísimo; y debería tener algún precio inmediato para su principal responsable, José Félix Tezanos, y para su patrón, Pedro Sánchez.
Porque además coincide con demasiados movimientos del Gobierno para actuar contra la base misma de la democracia, que se sustenta en el Estado de derecho, la alternancia en el poder y el voto libre, sin condicionantes ni presiones.
La propia interferencia de Sánchez en Indra, la empresa tecnológica que participa en los procesos electorales, en la que ha metido con calzador a consejeros cercanos y ha permitido la entrada del capital del presidente de su aliado mediático PRISA; ahonda en esa lamentable deriva y estimula una sospecha inquietante.
Si primero se intenta inducir el voto y después se fija como objetivo estratégico el control de una firma participante en el proceso electoral, ¿cómo no va a extenderse el temor a una injerencia en las propias urnas?
Formular esa duda no equivale a certificarla: los controles son lo suficientemente amplios y variados como para descartar, de antemano al menos, una intromisión manipuladora en el sentido del voto que invierta o altere el dictamen de las urnas.
Pero que la sospecha se haya extendido, y sea legítima y verosímil, es suficiente para condenar los efectos terribles del desprecio de Sánchez a la esencia del Estado de derecho: solo con él se han puesto en cuarentena, con razón o sin ella pero siempre con argumentos, cuestiones que se creían sagradas e invulnerables a las intenciones de ningún partido sin escrúpulos.
Ese daño reputacional a las instituciones, que han de estar por encima del color político de Gobiernos por definición efímeros, es suficiente para repudiar las andanzas de Sánchez y, también, para mantener muy altos los sistemas de control, tantos de ellos debilitados también por la voracidad invasiva del Ejecutivo.
Nadie podía pensar hace nada que la Constitución, la Monarquía Parlamentaria, la unidad territorial de España o la independencia del Poder Judicial pudieran estar amenazadas desde dentro del propio sistema que las ampara. Y todo ello ha ocurrido. Vigilar que eso no pueda suceder también en este punto tan sensible es ya, pues, una obligación democrática de todos.
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