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El uso torticero de la Justicia que está haciendo el Gobierno de la nación se pone una vez más de manifiesto en la intromisión que hoy denuncia El Debate: el intento de cambiar la calificación de «terrorismo» que atribuyó el fiscal de guardia a los graves disturbios provocados en Cataluña por Tsunami Democràtic tras la condena del Supremo a los dirigentes independentistas. Al parecer lo que ahora pretende el Fiscal General es rebajar la calificación de los actos de «terrorismo» a «desórdenes públicos agravados».

Es imposible ignorar la conexión de los promotores de Tsunami Democràtic con el núcleo del proceso independentista. Y, por tanto, la gravedad que tendría el que se pueda beneficiar ahora de una amnistía un grupo al que se acusa de actos de terrorismo. Pues eso es exactamente lo que ocurriría si la Fiscalía no altera la calificación fijada por quienes han estudiado el caso.

Pedro Sánchez ya ha dado pruebas incontestables de su capacidad para hacer y conceder lo que sea con tal de mantenerse en el poder. La amoralidad del presidente llega ahora a una nueva cota. Hacer que la Fiscalía borre el delito de terrorismo de un procedimiento en marcha por el hecho de necesitar el apoyo del entorno de esos terroristas. En el fondo tampoco debiera sorprender porque quien pactó desde el primer minuto con EH Bildu no tiene nada de particular que lo haga también con terroristas catalanes. Y para vestir el santo mejor, se les retira la condición de terroristas, es decir, se les amnistía por adelantado.