Votar a Illa es votar separatismo

Cataluña se enfrenta a unas elecciones relevantes este domingo, para ella misma y, desde luego, para el conjunto de España. Y lo hace con menos incógnitas de las que básicamente el PSOE quiere sostener artificialmente. Porque, salvo sorpresa de última hora muy inesperada, la deriva separatista quedará confirmada, con independencia de quién gane los comicios y cuál sea el reparto de escaños entre las distintas fuerzas.

Y esto será así, desgraciadamente, porque los socialistas han dejado de representar una fuerza constitucional sin fisuras en Cataluña y porque gobiernan en España gracias, en exclusiva, a los partidos que ahora dicen querer contener en las urnas.

La realidad es que Sánchez solo puede ser presidente gracias a Puigdemont y Junqueras, y además a Otegi, lo que castra de hecho su proyecto nacional en Cataluña, por mucho que su candidato autonómico, Salvador Illa, se empeñe en presentarse con una opción moderada capaz de contener la ola independentista y de ofrecer un proyecto de autogobierno amplio pero conectado a una España cohesionada.

Es una falsedad derrotada por los hechos que no debería ser atendida ni suscrita por quienes, de verdad, quieran mantener la Cataluña histórica, tan española como el resto de las regiones. Porque Illa y el PSOE ya han hecho presidente a un nacionalista, Pere Aragonés, que no ganó en las urnas.

Y porque Sánchez gobierna gracias a haber aceptado todo lo contrario de lo que se comprometió a hacer antes de las elecciones generales y lo opuesto a lo que ahora preconiza en los comicios catalanes.

No solo no han apagado ningún fuego, sino que han terminado de avivarlo asumiendo la agenda separatista, sustentada en una amnistía inconstitucional, un cupo fiscal insolidario y un futuro referéndum de independencia ofensivo.

Sánchez negoció su investidura en Waterloo y su programa en Suiza, un hecho inédito en las democracias europeas, en las que nadie osaría mercadear con el futuro del país en acuerdos clandestinos en el extranjero.

Y después ha ido atendiendo el «impuesto revolucionario» que le impusieron, incompatible con sus obligaciones constitucionales y lesivo para los intereses nacionales, con la excusa de que con ello iba a «pacificar» la convivencia: en realidad, se estaba comprando el puesto que no le dieron las urnas, a un precio insoportable y quizá ilegal.

Y eso no cambiará, más allá de que Illa quede por encima de Puigdemont o al revés: si Sánchez no estuvo dispuesto a renunciar a la investidura cuando pudo hacerlo, desde la convicción de que la factura a abonar era inasumible, ¿va a arriesgarse ahora a convocar elecciones generales a consecuencia de frenar a Puigdemont y perder con ello el respaldo de sus siete diputados en el Congreso?

Más probable es que se intensifique el intercambio de favores entre el socialismo y el nacionalismo, como viene ocurriendo en España desde hace años, con millones de ciudadanos de todo el país convertidos en rehenes de un nefando trueque.

Por eso no hay que engañarse. Los catalanes que defiendan la Constitución, solo tienen tres opciones: el PP, Vox y Ciudadanos. Todo lo demás, y especialmente en el caso del PSOE-PSC, supone alentar un proyecto de ruptura del que Pedro Sánchez, en primera persona, es el gran promotor.