Sánchez sí promueve la violencia política

Con la ligereza habitual en el personaje, Pedro Sánchez se ha lanzado de nuevo a utilizar el concepto de «violencia política» para describir toda crítica recibida por su gestión y justificar, de paso, su galopante falta de explicaciones a cualquiera de sus escandalosas decisiones y circunstancias. Lo ha hecho a la vez que su todavía vicepresidente y candidata en las elecciones europeas, Teresa Ribera, señalaba directamente a los partidos de «la derecha y la ultraderecha» como responsables de generar una atmósfera similar a la que ha provocado, nada menos, el intento de asesinato del primer ministro de Eslovaquia. Y en la misma línea estructural del Gobierno, que lleva años presentando toda disidencia como una conjura y levantando muros contra quienes, simplemente, ejercen de contrapeso democrático, sean rivales políticos, jueces, periodistas o miembros de la sociedad civil.

No solo es irresponsable esa táctica escapista. Además es peligrosa, porque lanza una invitación a la defensa numantina de un Gobierno falsamente atacado por fuerzas oscuras y convierte la democracia, sustentada en la alternativa y la discrepancia, en un régimen monocolor de vocación autoritaria. Todo ello envuelto en una galopante falsedad que intercambia los papeles y presenta al verdadero inductor de la polarización, que es el propio Sánchez y sus aliados, como víctima de ella. Porque si alguien sufre violencia política en España son VOX, el PP o incluso Ciudadanos, objetivo incesante de agresivos boicots en mítines y actos públicos en el País Vasco, Cataluña y hasta Navarra. Y con ellos asociaciones de toda laya que combaten, de manera a menudo épica, el totalitarismo identitario. Y si alguien es o ha sido violento, de manera pública y sostenida en el tiempo, son los aliados del PSOE, con Bildu a la cabeza, inductores o cómplices políticos de comportamientos insoportables que Sánchez ha ido indultando y amnistiando.

Señalar a adversarios políticos, medios de comunicación y miembros de la judicatura también es un tipo de violencia, pues deshumaniza toda oposición legítima y la convierte en un objetivo a abatir por cualquier método.

España no tiene un problema con la llamada «ultraderecha», que no existe o es residual, pero sí lo padece con la extrema izquierda, que está instalada en las instituciones y en el Gobierno. Empezando por Pedro Sánchez, que ha hecho de la agitación, la división y el enfrentamiento una seña de identidad y el trampolín de su proyecto político.