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Toda la incompetencia, sectarismo, parálisis y negligencia de un Gobierno bloqueado, sin mayorías, irresponsable e inútil se resumen en la bochornosa gestión del servicio ferroviario español, hasta hace nada uno de los más solventes del mundo.

Con el corolario de la catástrofe de Adamuz, provocada por la insólita falta de prevención, el desprecio a las alertas y la ausencia de mantenimiento; y tapada luego con excusas falsas, informes alterados y una letanía de datos huecos destinados a esquivar las evidentes responsabilidades políticas; todo en este ámbito resume la indigencia del Gobierno.

Que Málaga vaya a carecer de AVE hasta al menos después de Semana Santa; que las principales líneas se hayan convertido en una tómbola de retrasos e incidentes o que los Cercanías de Madrid y Cataluña sean un desastre cotidiano refleja un deterioro inadmisible y una negligencia sostenida de unas autoridades insolventes, capitaneadas por un ministro, Óscar Puente, que suma a su fracaso como gestor una actitud personal agresiva y pendenciera.

Un Gobierno se mide por cómo gestiona los recursos públicos que obtiene del esfuerzo ajeno y qué servicios presta a cambio de esa cesión involuntaria pero necesaria, en la dosis justa, del dinero de cada contribuyente. Y no de las fantasías ideológicas, los relatos espurios o la fabricación de un ecosistema clientelar que, a cambio de dádivas, se hace cómplice de los fracasos y ayuda a maquillarlos.

Y en ese sentido es simplemente irrebatible el bochorno del Ejecutivo de Sánchez, con un único dato, demoledor y definitivo: no va a ser capaz de aprobar ni una única Ley de Presupuestos Generales del Estado, la primera y máxima obligación insoslayable de quien ostenta el poder en un país serio. Que, además de fracasar con estrépito en su primera tarea, incumpla la obligación constitucional de intentarlo en el Parlamento, añade un fraude gravísimo al estricto fracaso, y coloca a España en una deriva intolerable: la de un presidente que gobierna al margen de las leyes, de las Cámaras, de las urnas y de los ciudadanos; con la única herramienta de su inmoralidad como argumento de su supervivencia.

Con Sánchez se ha disparado la recaudación fiscal a la vez que el riesgo de pobreza y la pérdida de poder adquisitivo, con una paradoja insostenible en una sociedad moderna: cuantos más recursos tiene el poder, de más carece el contribuyente y menos recibe a cambio, sacrificándose el buen funcionamiento del Estado en un viaje intervencionista en el que los recursos se malgastan en un sistema asistencial con fines electoralistas y no en consolidar un país moderno, seguro y con capacidad de competir.

El desastre ferroviario, con víctimas mortales incluidas y ninguna consecuencia, no es un hecho aislado, sino la sangrante metáfora de ese sistema que hemos convenido en llamar «sanchismo» y no es más que una usurpación de los principios democráticos y constitucionales que, con este nefando presidente, están quedando conculcados paso a paso.