En primera línea Josep Miró i Ardèvol

¿Por qué lo llamamos homosexualidad si es homosexualismo político?

Los deseos individuales y las experiencias sexuales no deben dictar normas legales, especialmente cuando se trata de cambiar fundamentos e instituciones insubstituibles socialmente valiosas

La consecuencia de la homosexualidad es la atracción sexual y sentimental por personas del propio sexo. Su naturaleza, pero continúa siendo mal conocida porque está sometida a perjuicios.

Pero la condición homosexual es una realidad distinta al homosexualismo político, formado tanto por homosexuales como por heteros, y cuyo fin es transformar cultural y políticamente a la sociedad y sus instituciones, para que estas respondan con plenitud a la satisfacción de los deseos sexuales, aunque ello implique alterar los propósitos y fines para las que fueron constituidas.

Asumir que ambas cuestiones son la misma es una de las ventajas adquiridas por el homosexualismo político y constituye un error grave, porque permite tachar de homofobia toda crítica a aquella ideología y practica política.

Sin embargo, es crucial romper con esta censura, situarnos en la evidencia de los hechos y darles respuesta pública, cultural y política, y no reactivamente, sino como proyecto de recuperación de la naturaleza humana.

Es necesario plantear y actuar en consecuencia: afirmar que las reivindicaciones del homosexualismo deben tener límites no equivale a homofobia, sino a una cuestión que debe estar sujeta al debate racional.

La preferencia sexual no debe otorgar privilegios ni ventajas económicas desmesuradas a sus asociaciones. Aunque se argumenta que estos privilegios son una respuesta a la discriminación histórica que los homosexuales han sufrido, esta justificación debe quedar ceñida a todo aquello que puede generalizarse a otros grupos discriminados y perseguidos en el pasado. Es el caso de los gitanos. Son unas 750.000 personas que siguen sufriendo una situación de desigualdad y discriminación en muchos ámbitos, y para nada se les aplican los equivalentes legales de los que disfrutan los homosexuales; por ejemplo, la inversión de la carga de la prueba. Esta realidad es extensiva a todos los demás grupos sociales discriminados, pobres, inmigrantes, negros. Todo esto debe ser revisado en nombre de lo que es justo y equitativo, porque se ha olvidado la marginación y marginalidad económica y social, y se sitúa el foco en las dificultades de aceptación social de determinadas prácticas sexuales, que pertenecen al ámbito de lo privado.

Otro punto de discordia se centra en la oposición al matrimonio homosexual, que es calificada también de homófoba, cuando es parte de un debate político que afecta a la naturaleza y propósito de una institución que precede al estado en su formación.

El matrimonio tiene como misión la protección de la descendencia fruto de la relación entre un hombre y una mujer, la única combinación complementaria y naturalmente fértil. El nuevo enfoque del matrimonio, generado por el homosexualismo político contribuye todavía más a su desvirtuación, y esto tiene consecuencias muy graves, porque falsea su fin al caracterizarlo como la forma contractual de una relación sexual y afectiva.

Un principio fundamental de la justicia es no tratar de manera igual lo que es distinto. La unión de dos personas del mismo sexo es fundamentalmente distinta a la de un hombre y una mujer. Que determinadas personas no puedan contraer matrimonio entre ellas no entraña discriminación, sino distinción. Tampoco pueden hacerlo un hermano y una hermana –y aquí la motivación es distinta– y nadie apela a la discriminación. Por cierto, que su impedimento constata que el fin del matrimonio no es la relación sexual-afectiva sino la descendencia. En este sentido, resulta mucho más acorde con sus fines el matrimonio islámico que el vínculo entre personas del mismo sexo. Sus promotores, en su eterna batalla cultural, han llegado a acuñar la expresión «matrimonio igualitario» para referirse él. Entonces el matrimonio natural, ¿qué es?

Es una evidencia que los homosexuales no son, ni mucho menos, quienes se encuentran en peor situación, como lo constatan sus celebraciones espectaculares o el turismo gay, que exhibe como argumento la capacidad de gasto de sus miembros. ¿Qué otra minoría que sufra la discriminación puede decir lo mismo o celebrar fiestas tan espectaculares y masivas como las suyas?

Todos los privilegios de las leyes promovidas por el homosexualismo político revelan que se trata de una batalla que tiene como fin el poder, el control de las instituciones y del relato social, alimentado por tres corrientes políticas: la de la antigua socialdemocracia, que ve en este planteamiento (y en el del feminismo de la lucha de géneros) la esperanza de superar su crisis terminal, la izquierda postcomunista, que busca en todo ello (y en los feminismos) la emulación de la clase obrera desaparecida, que ha de conducir al triunfo histórico de los oprimidos, y el liberalismo político de la globalización, que también lo promueve, o lo asume, según lógicas locales. Grosso modo en España, el PSOE, ahora Sumar como agregado heterogéneo, y el Partido Popular expresan políticamente estas tres posiciones.

Los deseos individuales y las experiencias sexuales no deben dictar normas legales, especialmente cuando se trata de cambiar fundamentos e instituciones insubstituibles socialmente valiosas. Ni tampoco es bueno legislar desde la excepción para toda la sociedad.

La antropología humana se basa en la distinción entre hombre y mujer, una condición esencial de nuestra naturaleza, a pesar de las opiniones de teóricos como Judith Butler. En su caso, ha elaborado una teoría que justifica plenamente su lesbianismo, situándolo en un marco más amplio basado la subjetividad más radical, y el menosprecio absoluto por la naturaleza humana. Para Butler que existan las ramas científicas de la urología y la ginecología solo responde a lo que ella califica de «clasismo de la ciencia». Así progresamos.