En primera línea Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu

Palabra de independentista

Cuando superen el trámite de comparecencia ante la justicia y asunción de sus responsabilidades, podrán acceder a la condición de exiliados, si es su voluntad. Mientras tanto, no son más que fugitivos perseguidos por la Justicia

Guardo en casa, como un pequeño tesoro, un libro de la Editorial Espasa, escrito por Santiago González y publicado en febrero de 2004, que lleva por título Palabra de vasco, la parla imprecisa del soberanismo.

En dicho libro, el autor, con una dilatadísima experiencia en la cobertura de la realidad política del País Vasco, describía el proceso a través del cual, los nacionalistas, en su caso los vascos, habían conseguido incorporar al imaginario colectivo de la sociedad, primero de la vasca y después del conjunto de la española, la terminología que les permitiera presentar su proyecto como amigable, cuando no como víctima de una especie de incomprensión y posterior maltrato por el conjunto de la sociedad española, bajo el liderazgo, lógicamente, del Gobierno de la nación.

A través de ese proceso de «colonización» del lenguaje con términos que les resultaran favorables, habían conseguido hacernos hablar a todos del «conflicto vasco», de los «presos vascos» o del «problema vasco», como si existiera un conflicto entre lo vasco y lo español, presos que estuvieran en la cárcel por el hecho de ser vascos o un problema derivado de la existencia de lo vasco como parte de lo español.

Ese proceso, originariamente liderado por el «nacionalismo» vasco, que, posteriormente, ha «evolucionado» hacia el «soberanismo» o el «independentismo», no ha cesado de incrementar sus sucesivas aportaciones al imaginario colectivo de una sociedad que, no inmersa en una corriente contraria de «resistencia» a todo lo que procediera del País Vasco, ni siquiera de resistencia al nacionalismo vasco, ha ido incorporando los mismos en el debate público, dándoles, en ocasiones de una manera desmedida, carta de naturaleza.

Al propio tiempo, se ha incorporado también al mismo proceso de generación de términos, intencionadamente cargados de un potente mensaje ideológico, el nacionalismo catalán, que, a día de hoy, parece haber adquirido una aparente ventaja sobre el nacionalismo vasco, por haberse inmerso en un proceso de radicalización más acentuado que el de su homólogo en secesionismo. No conviene olvidar, en cualquier caso, que sus compañeros secesionistas vascos sometieron durante más de cincuenta años a la sociedad española en general y a la vasca en particular, no sólo a una mayor radicalidad del mensaje, sino, incluso, a la radicalidad de las armas, los asesinatos, los secuestros, las extorsiones y las amenazas de todo tipo. Ello produjo, como es conocido, daños difícilmente cuantificables a la sociedad vasca en particular y a la española en general, materializados en pérdida de vidas y también en perjuicios materiales innumerables.

ilustracion independentismo — Lu Tolstova

Como digo, el independentismo catalán ha seguido la estela y ha superado con creces a sus precursores, en este ámbito, del norte de España. Así, nos han hecho incorporar a nuestro debate público, el presunto «derecho a decidir», la presunta «soberanía» de un presunto «pueblo catalán» sujeto de no se sabe bien qué derechos diferentes a los de sus compatriotas pertenecientes al mismo pueblo, el español, de otras partes de nuestra nación y así sucesivamente.

Conviene recordar que el 23 de octubre de 1977, hace más de 46 años, cuando el presidente Josep Tarradellas i Joan volvió a Cataluña tras haber pasado 38 años en el exilio, se dirigió a los ciudadanos de Cataluña con aquella célebre frase que ha quedado recogida para los anales de la historia: «Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!». No empleó el término «pueblo de Cataluña» ni se dirigió a «Cataluña», sino a los «ciudadanos de Cataluña».

El pasado martes, durante el debate en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado de dos mociones presentadas por el Grupo Parlamentario Popular para tratar tanto la financiación autonómica como la proposición de ley de amnistía, la senadora Sara Bailac Ardanuy, de ERC, portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierdas por la independencia, insistía en el conflicto entre «Cataluña y el Estado», concediendo a Cataluña un contenido emocional y sentimental, que niega a España, a la que, al calificarla como «Estado», la restringe al ámbito de lo meramente administrativo. También volvía a hablar inadecuadamente del derecho del «pueblo catalán» a «decidir su futuro» en el ejercicio de su «soberanía», etc.

No resulta gratuito recordar a esta senadora y a todos los representantes de los diferentes partidos secesionistas que ejercen la legítima representación de sus electores en las Cortes Generales que no existe en la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, más nación objeto de soberanía que la nación española ni más pueblo sujeto de dicha soberanía que el pueblo español. Ninguna otra nación ni ningún otro pueblo. Digo que no resulta gratuito porque, aunque ellos lo conocen sobradamente, es conveniente, en este momento, no dejar pasar ninguna afirmación errónea por correcta a fin de centrar nuestros problemas en su punto concreto y no en ningún otro de carácter abstracto.

También es sobradamente conocido que el secesionismo catalán ha venido aplicando el término «presos políticos» a una serie de políticos, que, en el ejercicio de sus funciones, llevaron a cabo actuaciones contrarias a derecho y por lo tanto valoradas y juzgadas en el ámbito de la Administración de Justicia o el término «exiliados», e incluso el de «represaliados» para denominar a responsables políticos que no son otra cosa más que fugitivos de la justicia que se encuentran reclamados por los tribunales para responder a determinados delitos de los que, legalmente, se les acusa. Cuando superen el trámite de comparecencia ante la justicia y asunción de sus responsabilidades, podrán acceder a la condición de exiliados, si es su voluntad. Mientras tanto, no son más que fugitivos perseguidos por la Justicia. Lamentablemente, a pesar de esa condición, son tratados como interlocutores, reconocidos como tales, por el gobierno de la nación, que, por ello, se reúne con ellos, con lo que representa de falta de respeto al poder judicial, uno de los tres pilares de nuestro estado de derecho.

Es conveniente mantenerse prevenido y perseverante al objeto de que esa alteración del lenguaje no pase a formar parte de nuestra conciencia colectiva, sino que se mantenga, exclusivamente, como lo que es, palabra de independentista.